Publicado por el Mar 29, 2010 en General, Noticias prensa | 0 comentarios

El Observatorio de Derecho Penal económico de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense de la Universidad Rey Juan Carlos-KPMG debatió sobre la investigación de los delitos económicos, y en concreto se ahondó en la prolongación del secreto de sumario y la imputación judicial.

KPMG acogió la tercera sesión del Observatorio de Derecho Penal económico de 2010, que trató sobre la investigación de los delitos económicos en el marco de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense de la Universidad Rey Juan Carlos-KPMG. Dos de los puntos que suscitaron una mayor debate fueron las cuestiones relativas a la prolongación del secreto de sumario y la imputación judicial, su mantenimiento y su alzamiento.

José Luis Olivera, comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía, se mostró un claro defensor de que las investigaciones de delitos económicos se lleven bajo secreto de sumario. “A la vista son operaciones lícitas y ponerse a investigar esto lleva mucho tiempo, la facilidad de un investigado para destruir pruebas es tremenda”.

Para Carlos Aguilar, abogado de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, “sería un paso atrás importante considerar el secreto de sumario como la norma”. De la misma opinión es Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional y ahora abogado del bufete que lleva su nombre. “Hay muchos casos de delitos económicos que no requieren de secreto de sumario, pero hay contagio por otros casos que se divulgan. En ocasiones el secreto de sumario se convierte en una perversión para la tranquilidad del juez. Y el problema añadido es que se produce una filtración en prensa y acaba haciéndose un juicio paralelo”, apuntó Molina.

Por su parte, el abogado Ernesto Díaz-Bastien, del bufete Díaz-Bastien & Truan aseguró que “el problema es el sufrimiento de las personas cuando se toman medidas cautelares y sigue abierto el secreto de sumario. Por eso, en este punto, hay que extremar las garantías”.

El magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Maza explicó que “entiende que hay investigaciones que se tienen que dilatar mucho, pero hay asuntos que no pueden tener secretos de sumario de más de cuatro años. Tendríamos que tener más rigor, y pedir más medios”. Para el fiscal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, José Grinda, “la mayoría de los jueces no motivan nada. A veces investigan cuatro años con secreto de sumario y permiten que el delito se siga consumando. El problema es la motivación y hay asuntos que no se conocen en profundidad en los juzgados”.

Fuente: expansión.com