Con el fin de agilizar, simplificar y abaratar los juicios relativos a problemas laborales, el Gobierno estudia que sean los Juzgados de lo Social los únicos que asuman todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones públicas y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación.
El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Éste pretende evitar que estos casos sufran un «peregrinaje jurisdiccional» en procesos paralelos en los Juzgados de lo Social, Civil o en el Contencioso-administrativo.
No obstante, quedarían al margen los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones derivadas de los procesos concursales.
El Anteproyecto de Ley, que se enmarca en el Plan General de modernización de la Justicia, «agilizará y reducirá costes, contribuyendo así al proceso de recuperación económica«, según el Gobierno.
Antes, un juicio laboral podía acabar en varios órdenes jurisdiccionales distintos (social, civil, contencioso-administrativo y penal), lo que suponía una demora en la obtención de una respuesta judicial completa; confusión para el afectado, que no sabía a qué juez acudir y podía acabar en juicios en distintas ciudades; y, más grave, discrepancias en la resolución del caso: por ejemplo, en el caso de indemnizaciones distintas. Con la nueva Ley se abrirá un sólo procedimiento para resolver las disputas originadas en el ámbito laboral y de protección social.
Así, todas las cuestiones las decidirá el mismo juez de lo Social, «más capacitado para resolver litigios sobre los derechos de los trabajadores». Además, se evitarán duplicidades, gastos y complejidades innecesarias en los juicios laborales.
Fuente: elmundo.es
