Más de seis meses para hacer público el estatuto de un colegio profesional. Los procuradores madrileños han tenido que emplearse a fondo para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid publicara su norma fundamental. ¿Burocracia o desidia?
El 15 de julio de 2010 la Junta General Extraordinaria del Colegio de Procuradores de Madrid aprobó su nuevo Estatuto, menos extenso que el anterior y adaptado a la normativa sobre la Directiva de Servicios de la UE.La tramitación por el director general de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón, para su inscripción en el Registro tuvo un plazo razonable (aprobado el 25 de octubre), teniendo en cuenta el periodo estival.
Sin embargo, el colectivo de Procuradores considera que «ha habido un retraso mayor al debido» para ver su Estatuto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que tuvo lugar el pasado martes 25 de enero, seis meses después de su aprobación y tres tras su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales.Ante el excesivo retraso para su publicación, el decanato remitió numerosos oficios pidiendo su aparición en el BOCM. Antonio Álvarez-Buylla, decano de los Procuradores de Madrid, reconoce a NEGOCIO que el retraso era ya «un asunto de legalidad para adaptarse a las recientes reformas legislativas y evitar la paralización» de los cambios obligados por la Ley Ómnibus. Tras estas protestas se ha publicado «in extremis» el Estatuto de los Procuradores, ya que el mandato del actual decano concluía en marzo y había que respetar los plazos legales para convocar elecciones.
Si el anterior Estatuto contemplaba la renovación por mitades de la junta de gobierno, la nueva norma renueva todos sus miembros. Al día siguiente de la publicación en el BOCM, la junta se reunió y convocó elecciones para el lunes 14 de marzo, con los 40 días de plazo legal anticipado que coincide con el fin del mandato de Álvarez-Buylla.
En esta fecha, los cerca de 1.560 procuradores de Madrid (existen 9.600 en toda España) deben elegir al futuro decano. Álvarez-Buylla ha declinado pronunciarse si se presentará a la reelección en el cargo que ostenta desde marzo de 2007. El actual decano es consciente de los numerosos retos que se plantean a la profesión, pero también ha reconocido «que han sido cuatro años de duro trabajo».
El nuevo Estatuto se adapta a la Ley de Acceso a la Profesión de Abogado y Procurador y establece una regulación básica. El régimen de capacitación profesional y de colegiado, que requiere ser licenciado o grado en Derecho y tener el título profesional de procurador de los tribunales, no tendrá que modificarse cuando se publique el reglamento. El pasado jueves, el Consejo de Estado emitió su informe sobre este real decreto.
El Estatuto también recoge la exigencia de la Ley Ómnibus para que las cuotas de incorporación al Colegio tengan unos costes asociados a la tramitación del ingreso. En este caso rondará los 150 euros, en oposición a las cantidades por incorporación que cobraban antes los Colegios y que oscilaban entre los 3.000 y hasta los 6.000 euros.Aunque el Colegio de Procuradores Madrid ha notado un incremento notable de nuevos ingresos, el decano considera que no ha sido por una cuestión económica sino porque se aproxima el fin de la ‘vacatio legis’ de la Ley de Acceso.
Sobre las sociedades profesionales, que viene recogido en el nuevo Estatuto, Álvarez-Buylla reconoció que su incorporación está «funcionando lentamente» calculándose que pueden existir actualmente en Madrid entre 15 y 20 de estas sociedades mercantiles.
La Escuela Nacional
La apuesta del Consejo General de Procuradores es hacer una Escuela Nacional con sede en Madrid, firmando con varias universidades los acuerdos necesarios para la validación de los títulos profesionales emitidos. «Madrid apoya esta tesis, porque el mundo universitario tiene que estar ahí», aseguró el decano Álvarez-Buylla.
Fuente: Boletínelectronico cgpe.es
