Los profesionales jurídicos españoles se han mostrado escépticos y críticos ante la última reforma del Código Penal del 22 de junio, que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, según los resultados de una encuesta realizada a finales del pasado mes por el grupo Wolters Kluwer a más de 1.300 expertos. Uno de los resultados que arroja la encuesta es que un 60% de los consultados cree que habría sido conveniente que la llamada «cadena perpetua revisable» se incluyera en la modificación del texto, en casos de delincuencia especialmente peligrosa, opción que ya han reclamado muchos ciudadanos españoles con iniciativas como la recogida de firmas en los famosos casos de las jóvenes Sandra Palo y Mari Luz Cortés.
Aún así, los profesionales del Derecho, al ser preguntados en concreto por si la «cadena perpetua revisable» tendría cabida en nuestro ordenamiento jurídico, sólo el 56% considera que sí.
Sin medios suficientes.
Por otra parte, hasta un 92% de los participantes ha manifestado no creer que la Administración de Justicia tenga los medios económicos ni personales suficientes para ejecutar las sentencias penales que dicten los jueces. Es decir, que no confían en que haya medios para hacer efectivas las indemnizaciones, resarcimiento moral o multas derivadas de los delitos que ya estaban tipificados en el Código Penal, ni las de los nuevos que se incorporaron al texto legal en junio, como el cohecho entre particulares, los ataques informáticos o los sobornos y fraudes en el deporte, entre otros.
Además, el 56% de los profesionales jurídicos cree que esta reforma mejora el Código Penal vigente y con él el freno a la delincuencia en nuestro país, frente a un 44% que opina lo contrario.
Dar respuesta a nuevas formas de delincuencia es el primer objetivo que, según un 32% de los consultados por el grupo Wolters Kluwer, pretende el legislador con la reforma. Les siguen muy de cerca (30%) los que opinan que la legislación española busca endurecer las penas de los delitos que causan mayor alarma social y el 20% de los profesionales jurídicos cree que el objetivo es desarrollar las directivas comunitarias en la materia. Por último, un escaso 7% opina que el fin es perseguir la corrupción.
Por último, la mayor parte de los profesionales del ámbito legal no se muestran favorables a la reforma procesal prevista, que pretende que sea el Fiscal quien se encargue de la instrucción penal. De hecho, el 61% se muestra contrario a esta medida.
Esta encuesta ha sido realizada por el grupo Wolters Kluwer, proveedor global líder en el mercado de servicios de información especializada, a través del Diario LA LEY, y a ella han contestado más de 1.300 profesionales del mundo del Derecho, lo que demuestra la importancia que los profesionales jurídicos conceden a este tema.
Fuente: Wolters Kluwer.es
