Medio centenar de jueces, abogados, notarios, catedráticos, estudiantes y otros profesionales del mundo de la Judicatura se han unido para crear la ‘Plataforma Cívica por la Independencia Judicial’ y denunciar el grado de «politización» y la «lucha partidista» que merma la independencia judicial.
Forman parte de la plataforma el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, el catedrático Enrique Gimbernat o abogados como Javier Nart.
A través de redes sociales como ‘Facebook’ y ‘Twitter’, sus simpatizantes critican la «contaminación política» en la Justicia y advierten del «descrédito absoluto» que ésta despierta en la ciudadanía. Proseguirán durante el verano consolidando la plataforma, para dar el salto a las calles en septiembre a través de su presentación pública.
Según ha explicado a Europa Press su portavoz, la abogada y profesora de Derecho Procesal Soraya Callejo, el grupo nace con la intención de criticar el «cambalache» de los políticos a la hora de designar cargos judiciales, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en función de su proximidad ideológica.
Entre otras reivindicaciones, la ‘Plataforma Cívica por la Independencia Judicial’ emplaza a incrementar el número de magistrados, acercándolo a la media europea de 20 jueces por cada 100.000 habitantes –en España la proporción ronda «los 10 jueces»–, y por invertir en torno al 3,5 por ciento del PIB en Justicia, puesto que ahora apenas supera el 1 por ciento.
Su portavoz también enfatiza la necesidad de establecer una carga de trabajo «asumible» para los jueces que les permita conciliar su vida personal y familiar y resolver los asuntos con «independencia, prontitud y calidad». «No queremos un juez que dicte sentencias a destajo. Parece que se está más preocupado por el número de asuntos que resuelve que por la calidad de las resoluciones», ha añadido.
El fiscal Ignacio Gordillo ha apoyado los objetivos de la Plataforma, siempre y cuando ésta sea independiente y no actúe bajo ningún «interés partidista». «Ya está bien de ponernos medallas. Es hora de ponernos a trabajar», ha señalado a Europa Press.
Otro de los simpatizantes, el abogado Javier Nart ha motivado su apoyo a la Plataforma en la necesidad de lograr «una independencia efectiva de los poderes públicos» puesto que en estos momentos el «poder ejecutivo ha traspasado al judicial». «Pedimos neutralidad judicial», ha remachado.
«No hay diferencia de poderes. Ahora mismo el Tribunal Constitucional carece de fiabilidad puesto que se puede saber antes de que se vote, el sentido del voto de cada magistrado, excepto el de Manuel Aragón», ha señalado Nart, que ha criticado que la cúpula judicial esté «controlada por el poder político».
Esta situación ha provocado, a su juicio, el «profundo hartazgo» de la ciudadanía y el «descrédito absoluto» de la clase política. Aunque este descontento ha quedado patente en las manifestaciones del Movimiento 15-M, Nart recuerda que la plataforma se formó antes para denunciar que el poder judicial «no esté realmente separado» de la esfera política.
Tanto Nart como Gordillo y la portavoz Soraya Callejo critican que el Ministerio Público asuma la investigación de los delitos mientras siga «dependiendo jerárquicamente del poder ejecutivo». «Es una aberración si no se modifica la estructura orgánica del Ministerio Fiscal«, ha respondido la portavoz de la Plataforma respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está elaborando el Gobierno.
Por su parte, el socio fundador de la Plataforma, el notario Fernando Gomá, ha destacado que la iniciativa arranca con la intención de reprobar la «enorme influencia» de los partidos políticos en la Justicia y «devolver el prestigio» a este servicio público. En su opinión, la «lucha partidista» que impregna este ámbito «no es síntoma de una buena salud democrática».
Por ello, defiende la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de forma que 12 miembros correspondientes a la judicatura del CGPJ sean elegidos mediante el voto directo de los propios jueces y los 8 restantes por las Cortes Generales ya que se ha demostrado que «la lucha partidista» no ha quedado alejada del nombramiento de los vocales. Este sistema ya lo preveía la LOPJ de 1980, que fue reformada en 1985 de manera que el Parlamento designa ahora los 20 vocales.
Fuente: expansión.com
