Publicado por el Mar 4, 2013 en Colegio de Procuradores de Albacete, General, Juzgados y Tribunales, Noticias prensa, Procuradores | 0 comentarios

Las grandes compañías no aceptan la facturación por horas y algunas, como Bankinter, empiezan a exigir a sus despachos que en el presupuesto cerrado esté incluido también el coste del procurador.

La crisis está provocando que las empresas estén sufriendo una reducción de costes y cambios en sus presupuestos, lo que está afectando también a la externalización de los servicios legales, es decir, a la contratación de bufetes.

La mayoría de los asesores jurídicos de las compañías que se dieron cita en el encuentro organizado por Unidad Editorial, editora de EXPANSIÓN, coincidieron en afirmar que ya no aceptan propuestas de facturación por horas al contratar a despachos, sobre todo en asuntos procesales, y que la tendencia es sólo aprobar presupuestos cerrados u otras fórmulas. “Cada vez intentamos que haya más vinculación al éxito, la máxima posible. Ya no aceptamos propuestas por horas”, afirmó Rosana Viejo, directora de Procesal y Asuntos Generales de Bankinter.

Carlos Garnica, de la Asesoría Jurídica Procesal de Banco Santander, aseguró que “en los tiempos actuales la facturación por horas puede ser un peligro. Siempre intentamos tener presupuestos cerrados de los bufetes, y excepto una firma que nunca quiere, siempre lo conseguimos”.

Las empresas están poniendo unos límites, sobre todo para temas de procesal, y más allá de esa cantidad no pagan más dinero. “Ese tope incluye todo, incluida la iguala. En un año, el despacho en cuestión no nos puede facturar más de esa cantidad pactada”, explicó Viejo.

Sin embargo, una de las afirmaciones que más trascendieron fue la relacionada con los procuradores. “Estamos cuestionándonos la figura del procurador interno, porque suele ser un caos gestionar todas esas facturas. Por eso estamos empezando a pactar con los bufetes que en el tope del presupuesto también esté incluido este coste. Que luego los letrados elijan al procurador que quieran con total libertad”, manifestó Viejo.

La medida significaría un importante ahorro. A algunos de sus colegas presentes en el seminario les pareció una idea interesante, sobre todo en el sector bancario y en empresas de determinados mercados, mientras otros asesores jurídicos no creen que en sus compañías o entidades esta propuesta salga adelante.

Por su parte, la representación de despachos en la mesa redonda también mostró su punto de vista en la relación entre el letrado externo y el abogado in-house. Para Enrique Carretero, socio de Baker & McKenzie, “la facturación horaria está aniquilada en algunas áreas como procesal y es lógico ir a presupuestos cerrados en los tiempos actuales, pero al mismo tiempo el criterio horario es adecuado si se hace bien y con corrección”.

José Luis Esteban Villar, de Esteban Villar Abogados, se quejó de las condiciones que en ocasiones imponen las asesorías jurídicas en la negociación de honorarios. “No son generosas y a veces necesitarían más humildad”, afirmó.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En el mismo encuentro tuvo lugar una mesa redonda sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lleva en vigor dos años y que exige, entre otras cosas, medidas de prevención para las empresas. Alfredo Domínguez, director de cumplimiento normativo de Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira afirmó que una de las principales novedades que se producen es que “a la hora de efectuar una querella contra la persona jurídica por un delito de la persona física en interés de la empresa, no es necesario localizar a la persona física”.

Domínguez también alertó de que a la hora de adquirir una empresa es necesario “extremar las precauciones, como una due diligence, por si tiene responsabilidades penales”. Por su parte, Nuria Sánchez, jefe de equipo de Procesal de BBVA, aludió al nuevo estatuto procesal de las personas jurídicas y aseguró que “en los juzgados no saben aplicarlo bien y en las empresas tampoco están sabiendo”.

Domínguez y Sánchez explicaron la figura del representante especialmente designado, como reflejo de la persona jurídica en el proceso penal, y alertaron de que la semana pasada la Audiencia Nacional se saltó esta figura al citar además como testigo a José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

Fuente: expansión.com