El nuevo marco de tasas judiciales que pretende implantar el Ministerio de Justicia para desatascar los tribunales no agrada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de jueces y fiscales prepara un informe en contra, conocido parcialmente el lunes pasado, pero ayer la portavoz dejó claro que si la segunda instancia requiere un desembolso adicional “muchos ciudadanos” desistirán de recurrir dada la situación económica.

Las tarifas “pueden suponer un obstáculo que cercena el derecho a la tutela judicial efectiva” y son “poco compatibles” con la concepción del Estado de Derecho, señaló Gabriela Bravo en un desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur). Los ciudadanos ya “están contribuyendo con sus impuestos al sostenimiento de los servicios básicos”.

Justicia pretende recaudar con la revisión de las tasas actuales, la implantación de las nuevas en segunda instancia y su extensión a las personas físicas 306 millones de euros anuales, frente a los 172 de 2010. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justifica la medida por su efecto disuasorio, por la necesidad de desatascar los tribunales y para destinar los ingresos a sufragar el 100% del coste de la justicia gratuita. Los ciudadanos con menores niveles de renta estarían exentos del pago de las tasas.

El informe parcialmente conocido del CGPJ sostiene que los nuevos importes son “excesivos”, “exorbitantes” y disuaden de pleitear. Ya existen determinadas tasas en la justicia, aplicables a personas jurídicas y que no se revisan desde su implantación en 2002. El Gobierno elabora el anteproyecto de ley que supondrá un incremento de entre 50 y 750 euros el coste de los recursos. Así, por ejemplo, en los recursos de apelación habrá que abonar 500 euros más (de 300 a 800), mientras que los de casación o infracción procesal aumentan el 100%, al pasar de 600 euros a 1.200.

Fuente: cincodias.com

Avantius, Adriano, Cicerone, Atlante, Themis… y así hasta ocho plataformas informáticas conviven en el sistema judicial español sin interoperabilidad, es decir, cada comunidad tiene su propio lenguaje. Esta disparidad de aplicaciones sin sincronizar impide, por ejemplo, que un juez de guardia en una localidad catalana al que le llega un detenido pueda saber a través de su plataforma tecnológica, Themis, si esta persona está buscada en otra comunidad autónoma. El juez tiene que tomar una decisión en pocas horas, para lo que necesita consultar en los registros policiales. Al final termina conociendo la situación exacta del reo, pero después de saltar varias barreras burocráticas.

Esta incompatibilidad de sistemas es con la que pretende acabar el Ministerio de Justicia actual, después de que ya lo intentara sin éxito el anterior ministro, Francisco Caamaño, que el 10 de diciembre de 2009 lanzó el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (Ejis). A tenor del testimonio que reportan los abogados que pisan a diario los juzgados, la sincronización de los sistemas es imprescindible ya. “Es fundamental, estamos a años de retraso en esto. No podemos mantener la situación de la justicia como está”, explica Pedro Luis Huguet, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía. Se trata, en definitiva, de que los 3.850 juzgados y tribunales hablen el mismo idioma.

Prioridad del nuevo equipo.

Una de las prioridades que se ha marcado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es lograr la interoperabilidad “en un tiempo razonable”. Las competencias en justicia no están transferidas a todas las autonomías, ya que hay cinco en las que las ejerce el propio Ministerio, aunque Huguet niega que la incompatibilidad tecnológica sea consecuencia del Estado autonómico ni un problema de falta de inversión. “Hasta ahora no se ha tenido claro el esquema de justicia que tenemos”, explica. El Gobierno quiere someter a todas las nuevas inversiones en tecnología que hagan las administraciones a un test de compatibilidad con el resto y obligarles a que sincronicen las ya existentes.

La falta de sincronización de las plataformas genera una casuística diaria en los juzgados. Los abogados explican que si el juez quiere enviar a prisión a un cliente hasta que se celebre el juicio no puede conocer en el acto cuántos procedimientos judiciales tiene abiertos el acusado y esta es una información básica para sustentar su decisión. El ámbito mercantil es uno de los que más se puede beneficiar de la unificación tecnológica, sobre todo en la publicidad de las actuaciones entre los miles de acreedores dispersos por toda España en un concurso de grandes proporciones. Según explica Huguet, un abogado que demanda a una compañía no tiene posibilidad de saber si está en concurso de acreedores o no, una falta de información que se corregiría si todas las plataformas territoriales trabajaran de forma accesible entre ellas.

El 4 de mayo se firmó entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia un acuerdo de colaboración para favorecer la interoperabilidad. Se pretende hacer compatibles los entornos tecnológicos que ya existen para que no se desaprovechen las inversiones que han hecho las comunidades autónomas y “evitar llevar a cabo desarrollos informáticos duplicados o innecesarios”. Pero lo cierto es que las comunidades siguen tomando iniciativas. Cataluña ha comenzado a aplicar la aplicación E-justicia.cat, un nuevo sistema informático que arrancó el lunes pasado en un juzgado de Barcelona y se pretende extender a toda la comunidad. El objetivo es abandonar el papel y que todos los procedimientos sean electrónicos.

La disposición de las comunidades a sincronizarse tecnológicamente fue mostrada el lunes pasado en la primera conferencia sectorial de Justicia que se celebró el lunes pasado. Este paso ayudará a agilizar las decisiones que se toman en toda la cadena procesal y reducir los tiempos de demora en la resolución de los expedientes, según los expertos. Gallardón no dio plazos para la integración. “Rápido no va a ser”, concluye Pedro Luis Huguet.

Uno de los ámbitos en los que existe un mayor grado de interoperabilidad entre comunidades y ficheros informáticos es el de la justicia gratuita. Cerca de 90.000 ciudadanos accedieron a este servicio a través del expediente electrónico en el primer trimestre de 2012, según el CGAE. Este dato supone un incremento del 30% respecto a 2011.

Este sistema permite, con la sola presentación del DNI del solicitante, recopilar de forma automática los documentos necesarios para justificar la solicitud del derecho a los abogados de oficio. Acorta los plazos de tramitación hasta en 40 días. Este entorno tecnológico conecta a 60 colegios de abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo, entre otras. Hay 36.000 abogados en el turno de oficio.

El prestigioso directorio británico Chambers & Partners presentará hoy en Amsterdam su esperada guía europea, donde refleja cuáles han sido los mejores bufetes y abogados individuales en el pasado año 2011. De ella se desprende que Uría Menéndez lidera el sector legal español, colocando en la Banda 1, el equivalente al escalafón de honor, un total de 20 áreas práctica, una más que el año pasado, concretamente en Energía.

No hay demasiados cambios en el Top Ten de esta edición en referencia al del año pasado. Una de las novedades es el cambio que se produce en el podio de los tres primeros bufetes con más menciones en primera banda, que permanecía invariable desde 2007, primer año en que se editó la guía europea de Chambers & Partners.

Permanecen inamovibles los dos primeros puestos de Uría Menéndez y Garrigues, pero en la tercera posición se ha aupado Cuatrecasas, Gonçalves pereira, que empata con Clifford Chance en doce menciones en Banda 1, pero que obtiene cuatro más en la Banda 2.

Además de Cuatrecasas, también Linklaters sube un puesto en la clasificación. Ambos bufetes logran este ascenso, en parte, gracias a las subidas de sus prácticas de Bancario y Financiero de la Banda 2 hacia la Banda 1.

En cuanto a abogados individuales, Chambers ha añadido una estrella más al firmamento de los abogados más reputados en España. Además de los nueve que ya fueron seleccionados como Star individual en la anterior edición, ahora entra en el Olimpo el letrado Jordi Faus, especialista en Derecho farmacéutico y socio de la firma Faus & Moliner.

Fuente: expansion.com

Casi una de cada cuatro sociedades creadas en marzo, el 24,1%, pertenecían al sector del comercio, mientras que el 18,4% correspondían a la construcción y promoción inmobiliaria.

En marzo, un total de 3.414 sociedades mercantiles ampliaron capital, un 5,4% menos que en igual mes de 2011, y el capital desembolsado para realizar estas operaciones sumó 3.290 millones de euros, con una reducción interanual del 4,5%. El capital medio suscrito en las ampliaciones de capital aumentó un 0,9%, hasta situarse en 963.743 euros.

En marzo se disolvieron 2.078 sociedades, un 3,8% más que en el mismo mes de 2011. De ellas, el 68,2% se disolvieron de manera voluntaria, el 9,7% tras una fusión y el 22,1% restante por otras causas.

Del conjunto de sociedades mercantiles creadas en marzo, el 99,2% fueron limitadas y el 0,8% anónimas. De las 3.414 empresas que ampliaron capital en el tercer mes del año, el 92,3% fueron sociedades limitadas y el 7,6% anónimas. Del capital suscrito en ampliaciones de capital, el 58% correspondió a sociedades limitadas y el 42% a sociedades anónimas.

El número de sociedades anónimas creadas en marzo se redujo un 9,6% respecto al mismo mes de 2011, situándose en 66 empresas, mientras que el de sociedades limitadas registró una caída del 6,3%, hasta las 8.664. En cuanto a las sociedades que ampliaron capital, el número de sociedades anónimas bajó un 25,6%, mientras que el de limitadas descendió un 3,1%.

El capital suscrito por las sociedades mercantiles creadas en marzo disminuyó un 93,5% en tasa interanual en el caso de las anónimas y un 10,6% en el caso de las limitadas. En cuanto al capital suscrito por las sociedades que ampliaron capital, se registró un incremento del 2,1% en tasa interanual para las anónimas y una contracción del 8,8% para las limitadas.

La comunidad autónoma con el mayor capital medio suscrito de las sociedades mercantiles creadas en marzo fue Madrid, con 459.418 euros, mientras que Cantabria presentó el menor capital medio suscrito (10.756 euros).

Canarias fue la región con mayor capital medio suscrito en las sociedades que ampliaron capital (2,15 millones de euros) y Castilla y León la que tuvo el menor (181.684 euros). Del total del capital suscrito en la creación de sociedades mercantiles en marzo, Madrid concentró el mayor porcentaje (74,8%) y Cantabria, el menor (0,1%).

En cuanto al capital total suscrito por las sociedades mercantiles que ampliaron capital, Madrid y Cataluña acumularon el mayor porcentaje (24,2% en ambos casos) y Extremadura, el más bajo, con un 0,4%.

Fuente: cincodias.com

González Explicó que el estudio fue encargado por la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, al comprobar que el importante esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno regional, que se incrementó desde 2003 en un 82%, no se corresponde con la opinión que los ciudadanos tienen de la Justicia madrileña.

Ha sido consensuado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía de Madrid, el Juez Decano, la Audiencia Provincial y los Secretarios Judiciales).

“Por eso, además de realizar el análisis de la Justicia, hemos decidido avanzar actuaciones necesarias para mejorar, que tienen como principios básicos la eficiencia y eficacia”, añadió.

Dijo que entre las situaciones que necesitan una rápida intervención se encuentra la alta litigiosidad de los juzgados madrileños, que con una tasa de 216 asuntos ingresados por cada 100.000 habitantes, se convirtió en los segundos con mayor número de casos, muy por encima de la media nacional (191).

El vicepresidente afirmó que la Comunidad de Madrid apoyará las reformas legislativas planteadas por el Ministerio de Justicia, las tasas judiciales o la despenalización de faltas; así como la extensión de los juicios rápidos al orden civil, el impulso a modelos de resolución extrajudicial como el arbitraje o la mediación, y la intervención notarial en expedientes de mutuo acuerdo en materia civil o mercantil.

El Gobierno regional también plantea una reforma global de la planta judicial y reorganizar el personal que participa en la justicia. También se quiere facilitar la jurisdicción entre civil y penal, replantearse el papel de los juzgados de paz, realizar una programación bianual de las necesidades de planta y una modificación de los juzgados de guardia. El informe dedica un apartado único a la Justicia gratuita, debido a su importancia en volumen de expedientes y presupuesto que abarca, ya que uno de cada siete euros del presupuesto total dedicados a Justicia se destinan a este tipo de asistencia.

La Comunidad de Madrid pretende ofrecer este derecho a todos aquellos que son merecedores del mismo, pero considera que es necesaria la introducción de medidas que eviten el abuso del mismo por personas a las que no les corresponden o ante pretensiones insostenibles. Además, se quiere extender las nuevas tecnologías a todos los ámbitos de la Justicia, de tal forma que en 2015 se prevé la plena Administración Judicial Electrónica en Madrid.

Entre otras cuestiones, se generalizará la firma electrónica, se realizará comunicación directa de los órganos judiciales con los centros penitenciarios, se sustituirán los sistemas Libra y Minerva, por un sistema de información judicial común a todos los órganos judiciales, se extenderá el sistema procesal Lexnet, incluyendo secretario y procuradores, entre otras iniciativas.

Fuente: expansion.com

Algunas de las barreras profesionales señaladas por el organismo tienen que ver con el requisito de que los profesionales estén colegiados para poder ejercer la profesión. Critica, entre otras exigencias, la ostentación por el colegio de la representación institucional exclusiva de la actividad profesional; algunos requisitos excesivos o discriminatorios para que los profesionales puedan colegiarse; la exigencia de fianzas para el ejercicio profesional no previstas por ley; la utilización de las funciones colegiales a la hora de ordenar el ejercicio de la actividad y evitar el intrusismo profesional o la obligación de que los profesionales estén colegiados en un determinado territorio para poder prestar sus servicios profesionales allí.

Al mismo tiempo, la CNC recomienda a los colegios que asuman la obligación de informar de las actividades llevadas a cabo para “asegurar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en este informe”. Esta información tendría que ser al menos con carácter anual para sus colegiados y al público en sus páginas web.

Las recomendaciones del organismo que preside Joaquín García también se dirigen al Gobierno central. En este punto, pide que promulgue la ley de colegios y especifique qué profesiones tienen que tener colegiación obligatoria y cuáles no. Sobre este último aspecto, la CNC señala que “la colegiación obligatoria constituye una fuerte restricción de la competencia y, como tal, debe mantenerse solo cuando sea estrictamente necesario y proporcionado y no existan otros medios menos restrictivos para alcanzar los fines pretendidos”.

Contra los privilegios.

En el caso de mantenerse actividades profesionales en las que la colegiación no sea obligatoria, la CNC pide que se evite que los colegios profesionales mantengan privilegios que provoquen distorsiones a la competencia efectiva. Para ello, insta a que la futura normativa no atribuya a los colegios fines de representación institucional exclusiva de las profesiones cuando el ejercicio de las mismas no requiera colegiación.

Asimismo, cree necesario que no se establezcan exclusividades de uso de una denominación profesional, “por poder suponer discriminación para los profesionales no colegiados e, incluso, impedirles acceder a determinados ámbitos del ejercicio profesional”. Recomienda al Gobierno que clarifique la legislación en materia de peritos judiciales para evitar interpretaciones interesadas.

Sin reformas.

Todavía quedan bastantes comunidades autónomas que no han adaptado sus leyes de colegios profesionales, según Competencia. Es el caso de la Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla-La Mancha, Murcia, Islas Canarias y Extremadura.

Fuente: cincodias.com

El presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para trasladarle su “enérgico” rechazo al texto porque los abogados no han sido consultados previamente y por la justificación del Gobierno. Carnicer sostiene que justificar la implantación de tasas por la necesidad de financiar la justicia gratuita supone “enfrentar a a los ciudadanos con la abogacía de forma injusta”.

“Nos parece bien que se busquen fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de conflictos, pero no a base de poner trabas de carácter económico”, añade Carnicer. Justicia considera que los ciudadanos han de pagar ya su abogado y su procurador y este hecho no es visto como una barrera de acceso al sistema. Este razonamiento ha generado gran malestar en el CGAE.

“En un momento como el actual, de enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni tolerable argumentar que pagar esas tasas no tiene importancia a la vista de lo que cobran los abogados”, recuerda Carnicer en su misiva al ministro. El anteproyecto revisa el marco de tasas vigente desde 2002 y pretende reducir el número de asuntos que entran en los tribunales cada año, en torno a nueve millones.

Fuente: cincodias.com

Con una tasa de paro que afecta al 23,6% de la población, según los últimos resultados de Eurostat, España se ha convertido en tierra fértil para quienes se aprovechan de la desesperación por conseguir trabajo.

Así lo ha advertido la empresa de gestión de recursos humanos, Adecco, desde donde describen las características de las ofertas que deberían hacer saltar las alarmas: sueldos superiores a la media sin necesidad de experiencia previa, solicitar dinero para participar en un proceso de selección o pedir datos bancarios.

“Ninguna oferta seria de empleo nos va a solicitar dinero para participar”, advierte la directora de Servicio de Calidad de Adecco España, Encarna Maroño. Y destaca otro rasgo en el modus operandi que delata a las ofertas fraudulentas, la ausencia de una cita cara a cara: “Durante la entrevista personal, los candidatos pueden transmitir todas las inquietudes que tengan para conocer más en profundida la empresa”.

Según datos de Adecco e Infoempleo, el 80% por ciento de los españoles elige Internet para buscar un nuevo empleo. El 61% se vale de la web, mientras que el 15% de ellos saca provecho de las redes sociales.

Entre las recomendaciones para evitar pisar las trampas de las falsas ofertas de empleo, las empresas del rubro recomiendan fijarse en que las webs sean confiables y sigan los protocolos de protección de datos; nunca entregar datos bancarios; no fiarse de bonos superiores a lo que permite la ley y no dejar el currículum en ordenadores públicos.

Fuente: elmundo.es

Así, los 1.958 concursos suponen una nueva cifra récord dentro de la serie histórica analizada, que comienza en 2004, según recoge Enrique Bujidos, socio responsable del Área de Reestructuraciones de PwC.

“Si se atiende a la evolución histórica desde 2004 hasta el primer trimestre de 2012, se observa una tendencia claramente creciente” de los concursos de acreedores (la antigua suspensión de pagos) “con la excepción de 2010 donde se produjo una ligera reducción”, según el Baremo Concursal correspondiente al primer trimestre de 2012, elaborado por PwC, a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Aunque el primer trimestre de este ejercicio se saldó con la cifra más alta de concursos, el mayor incremento de insolvencia de empresas se produjo en los dos últimos trimestres de 2011, con un 26% y un 28%, respectivamente, frente al aumento del 21% de estos tres primeros meses del año.

Lejos de la recuperación…
Los datos publicados hoy “hacen previsible un año 2012 con una elevada actividad concursal alejando cualquier signo de recuperación. Además, no parece que, de momento, la reciente reforma de la Ley Concursal, que entró en vigor el día 1 de enero de 2012, pueda aligerar la carga de la jurisdicción Mercantil y disminuir los procesos que acaban en liquidación”, subraja Bujidos.

Entre enero y marzo de este año las comunidades que registraron un mayor incremento de los concursos fueron Galicia (93%), Cantabria (83%) y Castilla la Mancha (75%), mientras que en Canarias y la Comunidad de Madrid estos tuvieron un comportamiento muy positivo con caídas del 26% y el 2%, respectivamente.

Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades que aglutinaron la mayor actividad concursal y suponen casi un 50% del total de concursos publicados en el primer trimestre de 2012. Le siguen Andalucía y Galicia, que representan el 9% de los concursos sobre el total respectivamente, y en sexta posición se encuentra el País Vasco con un 8% del total.

Constructoras e inmobiliarias, las más perjudicadas
Los sectores más perjudicados continúan siendo el inmobiliario y el constructor, que copan el 44% de los concursos de acreedores, con un 18% y un 26%, respectivamente.

Fuente: expansion.com

Con esta medida, incluida en el paquete de reformas anunciado por Ruiz-Gallardón para agilizar y hacer más eficaz el trabajo de los tribunales, se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos.

Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación, o aquellas actuaciones que sólo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviará también la carga de trabajo de los órganos judiciales.

Según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el anteproyecto, que ahora será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, pone el acento en la segunda instancia para “evitar el exceso o abuso” de los recursos.

Así, ha indicado que se trata de quien ya tiene la sentencia de un órgano judicial “contribuya con los costes” que genera recurrirla en una segunda instancia.

La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

También se introduce una nueva tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.

Según la estimación del Gobierno, si se mantuvieran los datos de 2010, cuando se recaudaron 172 millones de euros a través de esta vía, esa cifra podría alcanzar los 300 millones con las nuevas tasas, cuya recaudación, teniendo en cuenta la actual coyuntura de crisis económica, se destinará a mantener y financiar el sistema de justicia gratuita.

En concreto, en el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben también de 50 a 100 euros.

Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un 100% pasando de 600 a 1.200.

En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200.

Por último, en el orden social, se aplicarán las tasas sólo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de súplica y 750 en casación.

Esta reforma, según han informado fuentes de Justicia, no supone ninguna merma al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) según la cual la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que presta la Administración de Justicia, y en ningún caso superará dicho coste.

En cuanto a la gestión, el anteproyecto también contempla, entre sus novedades, que los procuradores y abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.

Fuente: expansion.com