El Ministerio de Justicia ultima el texto de la Ley de Mediación y la de Jurisdicción Voluntaria por los que los ciudadanos que así lo deseen podrán casarse o divorciarse ante notario a un coste que oscilará entre 150 y 300 euros para las bodas y hasta 500 euros para los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores. Con este nuevo sistema se lograría, por un lado, descongestionar los juzgados y, por otro, abaratar el coste de las separaciones, que al requerir la contratación de abogado y procurador puede llegar a alcanzar los 3.000 euros.

Bodas y separaciones serán solo un primer paso en el anunciado plan para desatascar los juzgados. Y es que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón pretende liberar a los tribunales de muchos trámites que podrían ser llevados al ámbito de la mediación y la jurisdicción voluntaria. El proyecto consiste en derivar esos casos a profesionales como los notarios o los registradores que han visto como su negocio ha quedado reducido a la mínima expresión tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Falta aún por decidir muchos detalles acerca de la futura normativa como es en qué casos será posible la separación ante notario. Si será solo posible en los casos de mutuo acuerdo sin hijos menores a cargo del matrimonio o se podrá ampliar a otros supuestos, siempre eso sí de común acuerdo, como aquellos en los que sí existan menores de la pareja.

Fuente: cincodias.com ]]> http://www.procuradoranaranjo.com/2012/02/casarse-o-divorciarse-ante-notario-costara-de-150-a-500-euros/feed/ http://www.procuradoranaranjo.com/2012/01/los-futuros-licenciados-en-derecho-no-haran-el-master-de-acceso-a-la-abogacia/ http://www.procuradoranaranjo.com/2012/01/los-futuros-licenciados-en-derecho-no-haran-el-master-de-acceso-a-la-abogacia/#comments Fri, 27 Jan 2012 15:29:59 +0000 ana http://www.procuradoranaranjo.com/?p=2157 Vuelta de tuerca a la Ley de Acceso a la Abogacía y Procurador de los Tribunales. El nuevo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se comprometió el pasado miércoles, en su intervención en el Congreso de los Diputados, a aprobar un reglamento que “corrija un déficit en la Ley de Acceso a la Abogacía” para que los futuros licenciados en Derecho no tengan que realizar el máster obligatorio.

Lo hizo en el turno de réplicas y contestando al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares que le había planteado el problema de los estudiantes de Derecho del plan antiguo en referencia a la citada Ley.

Gallardón, que dijo conocer perfectamente el problema, advirtió que “coincidimos absolutamente en que tenemos que corregir algún déficit legislativo, de interpretación, en relación con la norma aprobada por esta Cámara”. El titular de Justicia añadió que “anticipo que creo que lo vamos a poder hacer por vía reglamentaria sin necesidad de nuevas modificaciones y que estoy convencido de que ese reglamento tendrá el consenso y el apoyo -así me consta- de todos los grupos parlamentarios”.

Llamazares manifestó a EXPANSIÓN que “esta ha sido una de las pocas propuestas que valoramos de forma positiva de la intervención de Gallardón. Ahora IU queda a la espera del compromiso adquirido por el ministro”.

Izquierda Unida ha sido, junto a Nuevas Generaciones del Partido Popular, uno de los grupos más activos a favor de modificar la Ley de Acceso para que los estudiantes del plan antiguo y que se licenciarán tras la entrada en vigor de la Ley el pasado 31 de octubre de 2011, no se vean perjudicados en comparación con sus predecesores.

Proposición no de Ley
Precisamente el pasado lunes 23 de enero el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presentó una Proposición no de Ley en la que se pide la exclusión de los licenciados en Derecho de la aplicación de la citada ley, y por eso Llamazares preguntó el pasado miércoles al ministro por esta cuestión.

La proposición señala que “razones históricas, técnicas y de seguridad jurídica obligan a que se excluya a los licenciados en Derecho al ámbito de aplicación de la mencionada ley, permitiéndoles el libre acceso a la colegiación en los Colegios Profesionales”.

La misma añade que “el Legislador no puede ser ajeno a la situación de la Educación Universitaria española en el momento de la aprobación y entrada en vigor prevista de la Ley 34/2006 con la plena vigencia del modelo anterior al del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia) y con los títulos de Licenciatura como piedra angular”. Además “toda vez que la licenciatura es un modelo en extinción, el Legislador debe ser sensible a su situación de transitoriedad”.

Abogados entre 2012 y 2014
Si finalmente el cambio por vía reglamentaria a la que hizo alusión Gallardón en el Congreso se lleva a cabo en los próximos meses, sí habrían nuevos abogados colegiados y recién titulados entre 2012 y 2014, por lo que desaparecería uno de los quebraderos de cabeza que en este tiempo han tenido los principales bufetes por la problemática que iba a suponer captar el mejor talento.

Una de las dudas que ya se ha despejado durante este primer mes de 2012 es el asunto de las prácticas, ya que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) en sus recomendaciones al respecto permite que éstas se lleven a cabo dentro del periodo lectivo del máster, pero siempre que sea en el segundo cuatrimestre.

Fuente: expansion.com

El premio es uno de los tres galardones que concede cada año el CGPJ a los órganos judiciales de toda España y a las entidades públicas que más colaboran en el reto de alcanzar una justicia de mayor calidad.

El proyecto galardonado, puesto en marcha a principio de 2010, ha contado con la colaboración del Colegio de Abogados de Madrid, y han participado en él dos licenciadas en Derecho y una licenciada en Sociología del Servicio Civil de Mediación. El titular del Juzgado nº 73 de Madrid, Luis Aurelio González Martín, consideró que “el premio es para todos los funcionarios del juzgado y para las mediadoras”, para a continuación afirmar que “con la mediación, la justicia se hace más accesible al ciudadano porque se siente protagonista de su administración”.

El CGPJ valoró, en el momento de entregar el premio, el esfuerzo realizado por este juzgado de Madrid a la hora de implementar la mediación para descongestionar la carga de trabajo, hacer el proceso más rápido y menos costoso y doloroso para las partes, con lo que se reducen los efectos negativos que conlleva cualquier conflicto.

LA MEDIACIÓN, UN INSTRUMENTO PARA LA PAZ SOCIAL .

La mediación en general, y la intrajudicial en particular, se configura como un instrumento para trabajar por la paz social. Es un método proactivo que al partir de la capacidad que todos tenemos para resolver nuestras disputas mediante el diálogo y la negociación, promueve valores, actitudes y conductas pacíficas y democráticas.

Los resultados del proyecto piloto han sido muy destacados. El porcentaje de casos cerrados con acuerdo de mediación ha sido del 77 por 100, sensiblemente por encima de la media de otras experiencias parecidas. Los asuntos terminados, además, han destacado por su importancia y dificultad: de no haber sido resueltos gracias a la mediación, habrían supuesto una importante carga de trabajo para el juzgado.

Los asuntos objeto de la mediación han sido muchos y variados, y entre ellos cabe destacar las divisiones de herencia, la disolución de comunidades de bienes, las actividades molestas en las comunidades de propietarios o las reclamaciones de cantidad, por impago de facturas, por daños y perjuicios, entre otros. Se trata de procedimientos que permiten alcanzar una solución consensuada ya que, en realidad, no hay una confrontación real de posiciones jurídicas, sino un desencuentro originado por la falta de comunicación entre las partes.

Por último, hay que destacar que la experiencia ahora premiada por el CGPJ es la primera de esta naturaleza organizada y completada en Madrid en procesos ajenos a asuntos de familia. Además, ha despertado un gran interés en diferentes instituciones y operadores jurídicos y ha dado pie a que otros juzgados de primera instancia de Madrid hayan mostrado su deseo de contar también con un servicio de mediación de similares características.

Fuente: Boletinelectronicocgpe.es

Núñez asegura que eran rumores malintencionados y que la Junta de comunidades apuesta por el mantenimiento de los centros de la mujer y de las acciones contra la violencia de género. Explicaba que a través de un decreto del 23 de diciembre los ayuntamientos van a concursar para obtener las ayudas que hasta ahora se obtenían por convenios individuales.

El alcalde ha confirmado que se mantendrán los cuatro puestos de trabajoy se ampliará el radio de acción a los municipios de Alpera, Montealegre y Bonete: «las cuatro trabajadoras que hoy dedican su jornada a atender a las mujeres que, por desgracia, sufren la violencia de género, van a seguir en sus puestos de trabajo, haciendo lo que están haciendo».

«Vamos a ampliar nuestro ámbito de aplicación para actuar como cabecera de comarca que somos en otros muchos sentidos como es el hospital, el juzgado o la Guardia Civil», explicaba Francisco Núñez.

Fuente: laverdaddealbacete.es

Como explicó Pérez-Llorca, “el cuerpo de Letrados ofrece talento, pluralismo de sensibilidades políticas y un extraordinario interés por la actividad parlamentaria”. En este sentido, precisó que el cuerpo “tiene la suerte de haber nacido en las Cortes de Cádiz” y apuntó algunos de los “retos del presente”. El actual momento que se vive de “proliferación legislativa”, donde existen más de 150.000 normas en vigor, “es malo para la seguridad jurídica y malo para el Derecho”, resumió. También destacó la labor de “los letrados que trabajaron en la ponencia constitucional”.

Bono elogió al cuerpo de Letrados, del que destacó su “dureza y profesionalidad”. También tuvo palabras de felicitación para Manuel Alba, por su cometido al frente de la secretaría general del Congreso de los Diputados en la última legislatura.

Para Fernando Santaolalla, “la administración parlamentaria sirve de contrapunto porque se ocupa de los aspectos técnicos y permite que los diputados se dediquen a su actividad sin preocuparse por las cuestiones organizativas”.

El acto contó con la presencia de destacados juristas. Además del propio Pérez-Llorca, estuvieron, entre otros, Claro Fernández Carnicero, vocal del Consejo General del Poder Judicial; José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; y Juan Alfonso Santamaría Pastor, socio de Gómez-Acebo & Pombo y catedrático de Derecho Administrativo.

Fuente: Boletin electronico cgpe.es

La justicia española sufre un atasco importante en algunos de sus ámbitos de actuación. Prueba de ello es que un asunto civil puede tardar hasta ocho años desde la primera instancia hasta que el Tribunal Supremo emite una sentencia firme. Más allá, un litigio del ámbito tributario puede demorarse por encima de los diez años. Esta situación disuade a los inversores extranjeros, según el Consejo General del Notariado, al percibirse como inseguridad jurídica. “¿Qué empresario, máxime si es extranjero, desea invertir en un país cuya justicia puede tardar en solucionarle un asunto ocho años?”, se lee en el editorial de la revista del cuerpo Escritura Pública.

Los notarios consideran que en España, independiente de tomar medidas para mejorar el sistema judicial en sí, se necesitan “medios eficaces de prevención del pleito”, es decir, que debería haber muchos menos asuntos que lleguen a sustanciarse en los juzgados. El colectivo cree que la desconfianza de los ciudadanos hacia la figura del árbitro, al no gozar este de la proyección pública que tiene el juez, se eliminaría “si el arbitraje se asentara claramente y para materias concretas sobre el notario”. Las encuestas apuntan que el fedatario es percibido por la ciudadanía con carácter general “como muestra de seguridad jurídica”.

Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Otra de las propuestas para descongestionar la justicia sería la aprobación de una ley de jurisdicción voluntaria. En la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno socialista presentó un proyecto de ley, pero fue retirado en el Senado y no se volvió a activar esta iniciativa. El PP tiene entre sus prioridades regular la jurisdicción en la que ahora interviene el juez pero en la que no existe litigio entre partes. Los notarios han reiterado que están en condiciones de asumir asuntos como las declaraciones de herederos abintestato. Argumentan a su favor que no es necesaria la intervención del juez y que disponen de oficinas tecnificadas, conocimientos jurídicos y cercanía física a los afectados.

Las notarías han sufrido un descalabro en su facturación con la crisis, que ha reducido al mínimo la formalización de préstamos, principal vía de ingresos.

Los notarios creen que hay que “reforzar el valor del documento público notarial”, apoyados en que penalistas demandan la reforma del artículo del Código Penal sobre el delito de falsedad en documento público por lo numerosos casos que se producen.

El colectivo notarial reflexiona sobre las causas que llevan a que España sea uno de los “más litigiosos” de su entorno. La explicación que da es que, a pesar de ser “poco vendible políticamente”, España es “uno de los escasos países de la Unión Europea en el que litigar es casi gratis”. El cuerpo notarial va a más allá incluso y anima al Gobierno a explorar “medidas conjuntas de imposición más generalizada de tasas judiciales y de aplicación sin exclusión o, con causas muy excepcionales, del criterio objetivo del vencimiento en la determinación de las costas”.

Los notarios creen necesarias algunas reformas intrínsecas en el funcionamiento del sistema judicial, como la puesta en marcha a pleno rendimiento de la nueva oficina judicial y la reforma de los procesos para llevarlos hacia la vía oral más que a la escrita.

El colectivo apunta también a una de las reformas necesarias esgrimidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su debate de investidura: la integración de los sistemas informáticos distintos que operan en el territorio español. La convivencia de plataformas propias de las comunidades con otras del Ministerio de Justicia genera a menudo retrasos en los procedimientos. Rajoy aseguró en su investidura que coexisten hasta ocho sistemas diferentes.

El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha elegido a Joaquín José Rodríguez Hernández, registrador de Zaragoza, para la Dirección General de Registros y Notariado, dos cuerpos no siempre bien avenidos. Hay voces que apuntan que ambos tienen competencias solapadas e incluso el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, insinuó en un desayuno informativo en campaña electoral que en el futuro se integrarían en un cuerpo único.

Nacido en Granada en 1957, Rodríguez Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y pertenece a los Cuerpos de Registradores de la Propiedad y Mercantil, y de Notarios. Pero ejerce como registrador en Zaragoza. Sustituye en el cargo a María Ángeles Alcalá, que es profesora de derecho mercantil. El nuevo director general, que toma posesión hoy junto a otros altos cargos de Justicia, tiene el mandato de extender la actividad de los fedatarios públicos a los asuntos que no requieran intervención judicial, pues así lo recoge expresamente el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones generales. Rodríguez Hernández tendrá que lidiar con las peticiones de algunas comunidades autónomas, como Cataluña y Madrid, de revisar la actual distribución del mapa de notarías y registros para adaptarlo a la realidad económica actual. La creación de nuevas oficinas en un momento distinto del ciclo económico hace que ahora una parte de ellas estén en poblaciones con poca actividad notarial y registral.

Especialmente los notarios han puesto de manifiesto las dificultades económicas por las que atraviesan las oficinas. Bastantes de ellas están en pérdidas y algunas en concurso.

2.960 es el número de notarios que hay en España en la actualidad. La crisis ha provocado un descenso de la actividad en las oficinas, a veces incluso de hasta el 70%.

8 años puede tardar en tramitarse un asunto civil desde la primera instancia hasta el Tribunal Supremo. Los notarios aseguran que esto genera inseguridad jurídica y se ofrecen para asumir nuevas competencias y descongestionar los tribunales ordinarios.

Fuente: cincodias.com ]]> http://www.procuradoranaranjo.com/2012/01/los-notarios-plantean-subir-las-tasas-judiciales-para-desatascar-los-juzgados/feed/ http://www.procuradoranaranjo.com/2012/01/prorrogan-las-ayudas-a-16-casas-de-acogida-y-centros-de-la-mujer/ http://www.procuradoranaranjo.com/2012/01/prorrogan-las-ayudas-a-16-casas-de-acogida-y-centros-de-la-mujer/#comments Mon, 02 Jan 2012 17:53:59 +0000 ana http://www.procuradoranaranjo.com/?p=2126 A través de una resolución que se hizo pública en el día de ayer, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha renovó ayer los convenios suscritos con unas 16 entidades de la provincia, para la gestión de los centros de la mujer y las casas de acogida.

La prórroga, que sigue lo estipulado en el decreto 302/2011, será de una mes, a contar desde el día 1 de enero de 2012, aunque el Consejo de Gobierno de Castilla-La mancha podrá establercer, si lo estima oportuno, otra prórroga de igual duración.

Los importes concretos a percibir por las 16 entidades suman 260.000 euros. De estas 16 entidades, 11 están gestionadas por Ayuntamientos ( Albacete, Almansa, Caudete, Hellín, Tarazona, Tobarra, Villarrobledo, y La Roda ), cuatro están gestionadas por mancomunidades ( Almenara, Campo de Montiel, y La Manchuela ), y una está gestionada por una entidad sin ánimo de lucro, que es la Asociación Sercoval.

Fuente: latribunadealbacete.es

Dicen los expertos del sector legal que hacía falta un acceso a la Abogacía, que no era viable que un joven recién salido de la Universidad pudiera, previa colegiación, presentarse en un juzgado a defender una causa, incluso en el Tribunal Supremo. España era el único país de la Unión Europea que no tenía nada tras la licenciatura para poder ser abogado. Y en octubre de 2006 se aprobó la Ley sobre el acceso las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Como hace unos meses reconocía a EXPANSIÓN el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, “fue una norma con mucho consenso y se dio una ampliación de cinco años para todos los estudiantes”.

Hasta aquí la teoría, pero en la práctica nada ha sido tan sencillo. Y no lo ha sido porque si con la Ley hubo un consenso bastante amplio, no ha sido así con el reglamento que tenía que desarrollarla. Como la norma tenía la vacatio legis (periodo entre la publicación de una norma hasta que entra en vigor) más larga de la democracia, con cinco años, las cosas se hicieron muy lentamente. Demasiado. Lo puso en marcha el equipo del ministro Bermejo y ante su inesperada dimisión lo prosiguió los asesores de Caamaño.

El 17 de marzo de 2009 EXPANSIÓN publicó el primer borrador del reglamento que especificaba, entre otras muchas cosas, que había que superar un examen tipo test de 100 preguntas (que finalmente se ha reducido a 50). Desde entonces, ha habido un sinfín de reuniones entre los ministerios de Justicia y Educación y los colegios de abogados, universidades, despachos… Nadie parecía sentirse satisfecho con lo establecido en el borrador. Y empezaron las presiones.

Más de veinte borradores.
En los dos años siguientes, el reglamento se atascó en una veintena de borradores, de los que al menos una decena se filtraron a distintos estamentos, incluidos los medios de comunicación. Cada versión cambiaba algo, modificaba un punto, añadía o eliminaba una reivindicación. Y el tiempo jugaba en contra, hasta que llegó 2011, el año en que entraba en vigor la Ley, sin un reglamento aprobado.

Al tiempo, los estudiantes de la licenciatura de Derecho se pusieron en pie de guerra en lo que consideraban una injusticia porque les obligaba a hacer el máster si acababan sus estudios más allá de noviembre de 2011. Se han movilizado e intentado presentar en el Congreso una iniciativa legislativa popular para que se ampliara la vacatio legis, al menos para los estudiantes de la licenciatura. No han tenido éxito.

Para dificultar aún más las cosas, en febrero de 2011, un dictamen del Consejo de Estado (órgano consultivo del Gobierno pero no vinculante) criticaba varias soluciones que ofrecía el reglamento, como que se dejara fuera de la expedición del título de abogados al Ministerio de Educación, que pudieran ser abogados titulados diferentes a Derecho o que las prácticas externas puedan llevarse a cabo en el periodo formativo.

Por fin el viernes 3 de junio de 2011 se aprobó en Consejo de Ministros el ansiado y demorado reglamento de la Ley de Acceso de la Abogacía, tan sólo cinco meses antes de la entrada en vigor de una norma que ha estado cinco años a la espera. Durante el verano, y sobre todo durante el otoño, las universidades y escuelas de práctica jurídica han forzado las máquinas para establecer acuerdos y desarrollar programas formativos acordes a la nueva Ley, aún sin tener claro si la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) permitirá incluir las prácticas dentro del año académico.

Pruebas piloto.
El pasado 31 de octubre la Ley entró en vigor con algunas cuestiones pendientes como las pruebas piloto y las prácticas. El equipo del ministro Caamaño, ya sin algunos de sus miembros que habían abandonado el barco con anterioridad, ha apurado el tiempo al máximo para poder irse con las pruebas tipo test publicadas y que la ley y el reglamento sean considerados como uno de sus últimos logros. La semana pasada, la misma en que Rajoy era investido presidente y Gallardón era nombrado nuevo ministro de Justicia, la web del Ministerio publicaba las pruebas piloto.

Serán finalmente 50 preguntas con un tiempo de una hora y media, seguido de un descanso de una hora y, finalmente, un caso práctico a responder en cuatro horas. 25 de las cuestiones serán sobre aspectos como la deontología profesional, las responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional o el funcionamiento de la justicia gratuita. Las otras 25 preguntas serán más técnicas, con el fin de evaluar la capacidad para aplicar conocimientos jurídicos básicos para el ejercicio de la abogacía y la procura.

Mejores abogados.
Quizás es pronto para saber si las preguntas son las adecuadas, si el examen tiene el formato correcto o si los programas que están ultimando escuelas de práctica y universidades cumplirán con las expectativas. El objetivo está claro: garantizar a los ciudadanos que el abogado que va a defender sus derechos ha pasado por un proceso formativo y por un examen que acreditan sus conocimientos teóricos y, especialmente, prácticos imprescindibles. ¿Se conseguirá? El tiempo lo dirá. Lo único cierto es que 2011 marcará un antes y un después para los futuros abogados. El acceso a la profesión ya nunca será igual.

Fuente: expansion.com

Estimados amigos y compañeros:

Muy afectuosamente, desde aquí, un año más nuestro despacho, os desea que paséis unas Felices fiestas navideñas, en unión y compañía de vuestros familiares y amigos más queridos, y recibáis el año 2012, lleno de esperanzas renovadas y buenas y gratas Sentencias.

Saludos cordiales.