Escrito el 9, Octubre a las 5:59 pm
La Audiencia Provincial de Girona ha avalado la entrega de la vivienda como fórmula para saldar la hipoteca, al considerar que la actuación del banco de subastar la casa embargada y seguir cobrando el préstamo supone un “abuso de derecho” y un comportamiento “antisocial”, según el auto dictado el pasado 6 de septiembre, al que tuvo acceso Europa Press.
El auto da la razón a una familia desahuciada por no poder pagar una hipoteca de 325.000 euros contraída con Deutsche Bank, después de que el banco adjudicara la casa en subasta por 162.500 euros, el 50% del valor de tasación inicial.
El tribunal concluye que la entidad financiera “incurre en un abuso de derecho” y que su reclamación comporta un “ejercicio antisocial”, ya que está obteniendo un “enriquecimiento injusto” porque “después de haber cobrado lo adecuado, podría, sin justa causa, obtener otras cantidades que no le corresponderían”.
El banco sostenía que después del desahucio tenía derecho a cobrar 141.158 euros, la diferencia entre el importe pendiente del préstamo hipotecario, 303.658,10 euros, y los 162.500 euros del importe que consideraba que valía la vivienda en la subasta.
La Audiencia Provincial de Girona confirma así la sentencia anterior dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Girona, que también dio la razón a la familia al considerar que la actuación del banco fue contraria al artículo 7 de la Ley de Consumidores y Usuarios, que protege al cliente de los posibles desequilibrios entre las partes de un contrato.
El auto añade que la entidad financiera “sí que ve satisfecho su crédito con el producto de la subasta que, en el caso concreto, es el derivado de ingresar en su patrimonio un bien valorado por las partes en una suma superior a la adeudada”.
La resolución cuenta con un voto particular en contra de uno de los tres magistrados que integran el tribunal. En su argumentación, el magistrado considera que la actuación del banco no puede considerarse “abusiva”, ya que su reclamación está amparada por la Ley Hipotecaria y por el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que le permite seguir reclamando la deuda.
Esta es la segunda sentencia que reconoce la llamada dación en pago tras la dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en noviembre de 2010 contra el BBVA y que se encuentra recurrida. Sin embargo, tres meses después, la Audiencia de Navarra dictó una resolución contraria, que también está recurrida, por lo que será el Tribunal Supremo quien determine la jurisprudencia a seguir.
Fuente: europapress.es
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Escrito el 6, Octubre a las 6:31 pm
Las oficinas existen en todas las Comunidades Autónomas y en todas las provincias. Se estan extendiendo a las poblaciones con mayor número de delitos.
- ALBACETE.
Palacio de Justicia
C/ San Agustín, nº 1, Planta Baja, Derecha.
02001 (Albacete)
victimas.albacete@justicia.es
tfno.: 967 596642 Fax.: 967 596642
- CIUDAD REAL.
Palacio de Justicia
C/ Caballeros, nº 11, 3ª Plant, Izquierda.
13003 (Ciudad Real)
victimas.ciudadreal@justicia.es
tfno.: 926 295529 Fax.: 926 295529
- CUENCA.
Palacio de Justicia
C/ Palafox, nº 1, Planta Baja.
16001 (Cuenca)
victimas.cuenca@justicia.est
tfno.: 969 225707 Fax.: 969 223866
- GUADALAJARA.
Palacio de Justicia
Plaza Fernando Beladiez, nº 1, 6º
19001 (Guadalajara)
victimas.guadalajara@justicia.es
Tfno.: 949 209970 Fax.: 949 209593
- TOLEDO.
Edificio de los Juzgados-Polígono Industrial
C/ Valdemarías, s/n, 1ª Planta
45007 (Toledo)
victimas.toledo@justicia.es
tfno.: 925 240875 Fax.: 925 234252
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Escrito el 6, Octubre a las 6:02 pm
Esa fórmula, que permite a los magistrados conciliar vida laboral y familiar, fue recurrida por el Ministerio de Justicia ante el Supremo. La reducción de jornada como fórmula para conciliar la vida laboral y familiar es ya una opción para los miembros de la carrera judicial.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces concedió, el día 26 de julio, por vez primera una reducción de jornada a una magistrada. La concesión se produjo al amparo del nuevo Reglamento de la Carrera Judicial, aprobado el pasado 28 de abril, y tras contar con el informe favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La magistrada, con destino en Getafe, contará con una reducción de jornada del 33% de su tiempo laboral y de su retribución en la misma proporción. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aclara que la reducción no podrá llevarse a cabo durante el servicio de guardia.
Según informó el CGPJ, es la primera vez que se plantea una solicitud para reducir jornada, bajo el amparo del nuevo Reglamento, y también la primera vez en que el órgano de gobierno de los jueces responde positivamente a una petición de estas características.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia interpuso recientemente ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra este tipo de reducciones de jornada, previstas como novedad en el Reglamento de la Carrera Judicial.
La nueva normativa, aprobada por el CGPJ, está siendo bastante contestada. No sólo el departamento que dirige Caamaño la ha impugnado. También la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, integrada por juristas de distinta índole, ha interpuesto recurso ante la Sala Tercera del Alto Tribunal. A juicio de esta asociación, el reglamento puede resultar “funesto” para la independencia judicial.
Fuente: Boletín electrónico cgpe.es
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Escrito el 29, Septiembre a las 11:28 am
El Alto Tribunal entiende que debe aplicarse a estos profesionales la limitación introducida el año pasado vía Real Decreto. La Sala Tercera sigue la tendencia de recortes que inició con los abogados.
El Supremo acaba de asestar un duro golpe a los procuradores cuyos honorarios podrán rebajarse en tasación de costas si su cuantía se demuestra “exorbitante”. En un auto pionero, el Alto Tribunal abre la puerta a limitar los derechos económicos de estos profesionales –fijados por arancel– si se demuestra que su importe resulta “una carga manifiestamente desproporcionada” para el condenado en costas.
La resolución se enmarca en una tendencia surgida en el último año en el que el Alto Tribunal está revisando a la baja los honorarios de los abogados. Ahora, les toca a los procuradores.
En el caso concreto analizado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se ha rebajado la retribución del procurador de 106.769, 27 euros a 12.500 euros. También, la minuta del abogado se ha visto reducida de 243.576 euros a 25.000 euros.
La resolución, en este caso, favorece a la Administración que sólo deberá afrontar un coste de 37.500 euros en lugar de los 350.345,27 euros fijados inicialmente para resarcir a la empresa vencedora del litigio de los gastos de abogado y procurador originados en un pleito en el que estaba en discusión una multa de más de 50 millones de euros, finalmente anulada.
La Abogacía del Estado impugnó la tasación de costas practicada por el secretario judicial alegando que tanto los honorarios del letrado como los derechos del procurador eran excesivos. Exigía, por tanto, que los emolumentos del abogado no superaran los 8.000 euros, mientras que los del procurador no debían llegar a 300 euros.
Aunque el Supremo rechaza las cantidades propuestas inicialmente por la Abogacía del Estado, sí reconoce que tiene razón en cuanto a que lo minutado por ambos profesionales resulta desproporcionado.
Jurisdicción Contenciosa
La resolución recuerda que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa permite a los tribunales de este orden limitar hasta un determinado tope la imposición de las costas que el vencido en el recurso debe pagar al ganador del pleito.
Por este motivo, la Sala cree que “no hay razones válidas para que los derechos arancelarios de los procuradores queden eximidos de esta limitación”.
Frente a esta opinión, se alza el Consejo General de Procuradores cuyo dictamen fue requerido por el Supremo para resolver este asunto. Para la institución que preside Juan Carlos Estévez, el arancel es una norma de cumplimiento obligado que determina las retribuciones de los procuradores. Además, rechaza que la comparación entre el trabajo del procurador y el del letrado sea un criterio válido para poder introducir esa proporcionalidad.
El Supremo, sin embargo, echa por tierra todos estos argumentos y reduce el importe a retribuir al procurador a 12.500 euros, cifra equivalente a la mitad de los honorarios que finalmente cobrará el abogado.
Para el Alto Tribunal, resulta evidente que el Real Decreto–Ley 5/2010 “trata de evitar que la retribución de los procuradores en todos los procesos –no sólo en los concursales– sea manifiestamente desproporcionada”. Lo que implica, a su vez, que no cabe prescindir de la comparación con los honorarios devengados por el letrado. La consecuencia es que la aplicación del arancel entre procurador y cliente no tiene por qué ser trasladada de forma automática a la condena en costas.
Los letrados, en el punto de mira
En el caso del abogado, el Supremo reconoce que el interés económico del litigio era elevado –una multa de más de 50 millones de euros– y que, por lo tanto, su responsabilidad a la hora de defender que procedía su anulación era relevante.
Sin embargo, advierte de que su trabajo profesional venía facilitado por el hecho de existir una sentencia previa sobre una sanción impuesta a la misma empresa por hechos análogos. Es decir, que, de no ser por esa circunstancia, “el esfuerzo argumental del letrado” para defender la corrección jurídica de la sentencia de instancia hubiera sido mayor. Por este motivo, el auto afirma que la cifra de los honorarios deben quedarse en 25.000 euros, en vez de los 243.576 euros, reduciéndola a 25.000 euros.
Fuente: expansion.com
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Escrito el 22, Septiembre a las 12:49 pm
Como ya hiciera recientemente al presentar la Memoria Judicial de 2010, el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco, aprovechó ayer su discurso en el acto de apertura del Año Judicial para pedir «con urgencia» veintiuna nuevas plazas de jueces para la región.
Pero la petición de Rouco no se quedó aquí, ya que recordó que las plazas totales que requiere nuestra región de nuevos jueces son treinta y nueve y pidió «la mejora de la Justicia, su transformación y modernización». «La justicia debe ser una materia de Estado», incidió Vicente Rouco en un discurso lleno de peticiones en el que también dejó claro que para quienes trabajan en la Justicia en Castilla-La Mancha hablar de «austeridad» no es «algo nuevo».
Valoró que «el reto principal al que se enfrenta nuestra Justicia en Castilla-La Mancha es un proceso profundo de reforma y modernización que nos haga superar el abandono histórico que hemos sufrido».
Vicente Rouco se refirió a que, después de varios años de incrementos desproporcionados como consecuencia de la coyuntura económica, en 2010 se produjo una reducción de la litigiosidad del 16%. No obstante, el número de asuntos ingresados fue de 293.458, por lo que advirtió que «siguen siendo cifras muy altas» y señaló que «las cifras conocidas de los primeros trimestres de este año 2011 se mantienen en estos parámetros».
El presidente del TSJCLM resaltó también «lo positivo» de los datos que son «los grandes esfuerzos» que han realizado «los jueces y magistrados y todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, con 276.487 asuntos resueltos y 55.934 sentencias dictadas, con unos parámetros de calidad muy aceptables».
En materia de infraestructuras, Rouco reiteró la necesidad de la Ciudad de la Justicia de Albacete, entre otras infraestructuras y pidió reconducir el modelo de Oficina Judicial, puesta ya en marcha en Ciudad Real, «a parámetros de racionalidad y eficacia, partiendo de que es una fórmula de organizar el trabajo instrumentalmente al servicio del Poder Judicial y no un fin en sí mismo».
Infradotación de plantillas
Antes de Rouco, intervino en el citado acto el fiscal jefe de Castilla-La Mancha, José Martínez, quien se pronunció en la misma línea que el presidente del TSJCLM, al destacar que una problemática común en todas las fiscalías provinciales es «la evidente, sempiterna y siempre aireada y denunciada infradotación de las plantillas».
Adelantó algunas de las líneas de la Memoria de la Fiscalía de 2010 y señaló que, si bien ese ejercicio se ha caracterizado en lo que respecta al comportamiento de las cifras globales de criminalidad por un significativo descenso, este descenso no ha afectado a la carga de trabajo de los fiscales destinados en la región» que «se ha incrementado».
Detalló que aunque se mantiene el número global de juicios de faltas, aumenta la cifra de los que se tramitan con intervención del fiscal.
Martínez explicó que las diligencias previas incoadas por la totalidad de los órganos con competencias penales en la región han descendido un 5,68%, con un total de 141.482 en 2010.
Expuso que las
fiscalías de Castilla-La Mancha formularon durante 2010 un total de 11.743 escritos de acusación, un 8% más que en 2009, lo que supone una media de 150 calificaciones por fiscal. Significó, además, que en el conjunto de España se registró un descenso en el número de escritos de acusación del 1,08%.
Martínez detalló la evolución del trabajo de los fiscales en otro tipo de delitos como el hecho de que han aumentado un 43,7% los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y hasta en un 166% los que se refieren a la defraudación tributaria, donde han pasado de doce a veinte procedimientos.
Reivindicó la profesionalidad de los fiscales de la región y pidió fortalecer su perfil profesional.
En el acto, celebrado en el Palacio de Justicia de Albacete, estuvo también la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, quien no realizó declaraciones a los medios de comunicación.
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Escrito el 21, Septiembre a las 10:55 am
En 2010 hubo 760 rupturas en la provincia, y tres de cada cuatro matrimonios de los que rompieron relación llevaban juntos al menos cinco años, según el INE.
El Instituto Nacional de Estadística publicaba ayer el informe de nulidades, separaciones y divorcios correspondiente al último año. Los datos confirman un incremento de los datos de la provincia, donde en 2010 hubo 760 divorcios, 83 más que en el año anterior. También se cuentan 62 separaciones, por las 54 del año precedente. Lo mismo que pasó en Albacete posó en Castilla-La Mancha, donde aumentaron los divorcios, pasándose de 3.134 a más de 3.500. Los números del INE permiten confirmar la estadística que ya había aportado la Administración de Justicia, con ese incremento de divorcios en la provincia de más del 10%. Lo novedoso de la estadística es que permite ver otras variables, y en ello sorprende, por ejemplo, que la mayoría de las rupturas que supusieron un divorcio se dieron en matrimonios con unos cuantos años encima. En el caso de Albacete, cerca de 600 de los 760 divorcios se dieron en parejas que llevaban casadas más de cinco años.
El informe del INE recoge que hay pocos casos de nuevos matrimonios en los que la convivencia se deshaga de forma temprana. Solo hubo 11 matrimonios albacetenses que rompieron relación con un divorcio en el año pasado. Y hubo otros 54 divorcios en matrimonios que llevaban entre uno y dos años formalizados. Conforme sube la duración del matrimonio, aumenta también el número de divorcios. Hubo 113 divorcios en matrimonios que duraron entre tres y cinco años.
Fuente: latribunadealbacete.es
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Escrito el 20, Septiembre a las 9:51 am
La entrada en vigor, el próximo 31 de octubre de este año, de la nueva Ley de Acceso a la Abogacía, que modificará la fórmula de entrada en la profesión, ha disparado la colegiación de los letrados. Si hasta ahora, a todos los licenciados en Derecho que querían ejercer les bastaba con terminar la carrera y hacerse miembro de un colegio de abogados, a partir del próximo mes las reglas del juego cambiarán y se endurecerán exigiendo una nueva formación de posgrado.
De este modo, quienes no se colegien en el periodo transitorio de estos próximos dos años, que especifica la ley, no les quedará más remedio que cursar el máster obligatorio de 60 horas lectivas más otras 30 horas de prácticas y aprobar luego el examen. Ante esta situación, muchos abogados están aprovechando para ponerse al día con sus respectivos colegios y pagar la cuota de inscripción, lo que está contribuyendo a suavizar la maltrecha economía de las organizaciones colegiales, mermadas este año por los retrasos de los pagos en justicia gratuita.
Periodo transitorio de dos años.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), no obstante, se advierte que aunque la entrada en vigor de la nueva norma comienza el próximo 31 de octubre de 2011, el periodo transitorio para colegiarse permanecerá abierto hasta octubre de 2013. “La ley especifica que todos los abogados y licenciados de Derecho que han obtenido la licenciatura antes del 31 de octubre de 2011 tienen dos años para incorporarse a la profesión y colegiarse sin necesidad de cursar el máster, tras ese momento quien no lo haga tendrá que cursarlo”, ha explicado a CincoDías Carlos Carnicer, presidente de Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
En este sentido, el presidente de los abogados españoles precisa que quienes tengan expectativa de trabajar en un despacho o en un consejo de administración se han colegiado. “Algunos otros piensan que podrán tenerlas en un futuro inmediato y se van a matricular también”, manifestó.
En cualquier caso, la subida de las inscripciones ha sido considerable en la mayoría de los colegios profesionales de abogados. En el de Madrid, el incremento en lo que va de año ha sido del 95,8% respecto al mismo periodo del año anterior. “Se ha pasado de 1.531 nuevos colegiados en el primer semestre de 2010 a 2.999 en los seis primeros meses de este año”, según han explicado.
En Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Sevilla, por citar solo algunos ejemplos, se ha seguido la misma trayectoria. En la Ciudad Condal y hasta agosto se han inscrito 934 nuevos colegiados, mientras que los valencianos han pasado de una cifra de 414 nuevos colegiados en agosto de 2010 a 617 en el mismo periodo de este ejercicio, lo que supone un 49% más con fecha de agosto.
Lo mismo que ha ocurrido en Bilbao, aunque con cifras más moderadas, donde la colegiación se ha incrementado a datos de septiembre en 175 nuevos miembros más en 2011 que en 2010. Por su parte, en Málaga, el número de nuevas inscripciones ha subido también a 252 en los ocho primeros meses del año frente a los 203 colegiados que hubo en agosto de 2010.
Y en Sevilla, con datos a mes de septiembre, ha habido hasta ahora 280 nuevas incorporaciones hasta los 6.739 miembros, lo que supone también un casi 43% más que en el mismo periodo. En general, los incrementos han sido de un 50% respecto a otros años, sin embargo, en los próximos dos ejercicios puede haber un mayor repunte.
Fuente: cincodias.com
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Escrito el 19, Septiembre a las 11:38 am
Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social sufrieron en 2010 un incremento de un 40,87% en cuanto al número de procedimientos incoados respecto a 2009 por efecto de la crisis económica, según refleja la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, presentada con ocasión de la apertura del año judicial.
Así, la Memoria recoge otros incrementos en la comisión de infracciones que guardan estrecha relación con la situación económica como son las estafas, el blanqueo de capitales y las falsedades.
El aumento de procedimiento abiertos por estos delitos demuestra, según la Fiscalía, la creciente presión ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra este tipo de comportamientos.
Por contra, la cifra general de causas por delito experimentaron en el año 2010 un descenso de un 5,8% respecto al año anterior, situándose en un total de 4.472.042 procedimientos, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Este resultado “extraordinariamente positivo” supone la apertura de 276.871 incoaciones menos en 2010 y arroja una cifra próxima a la obtenida hace cinco años, en 2006.
Menos delitos en Málaga y más en Cantabria.
El descenso más importante de los registrados se detecta en Málaga, con 68.365 diligencias previas menos que en 2009 mientras que Cantabria fue el territorio con la cifra más alta de incremento, con 3.920 expedientes de este tipo más que el año precedente.
Esta tendencia descendente queda reflejada en las dos modalidades principales de procedimiento penal. Mientras las diligencias previas descendieron un 5,76%, las urgentes bajaron un 7,11%, lo que, en opinión del fiscal jefe Cándido Conde-Pumpido, obedece a una “efectiva disminución de la criminalidad”.
Lesiones dolosas y delitos sexuales.
En cuanto al tipo de delito, el que ha experimentado una reducción menor es el de lesiones dolosas, que ha pasado de provocar la apertura de 925.802 diligencias previas a 720.612.
También han evolucionado favorablemente los delitos sexuales con una tendencia a la baja en su conjunto de un 7,45%. La excepción, en este caso, la constituyen los abusos sexuales que se han visto incrementados en un 1,44%.
Por otra parte, el número de calificaciones y escritos de acusación de cualquier clase de procedimientos presentados por el Ministerio Fiscal alcanzó un total de 306.062, lo que refleja un “ligerísimo” descenso en relación con el número de acusaciones presentadas en 2009, en que se sumaron 308.536.
Fuente: elmundo.es
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Escrito el 9, Septiembre a las 2:03 pm
RedAbogacía rediseña el nuevo Carnet de abogado europeo, que será emitido por el CGAE y se entregará todos los abogados del territorio nacional que lo soliciten. Esta iniciativa se debe a los recientes cambios producidos por la CCBE, que ha tomado la decisión de finalizar con la emisión del soporte actual donde se hacía entrega de los carnets europeos, sustituyéndolos por un estándar electrónico que permitirá ser impreso en soporte plástico por parte de cualquier país incorporando un chip electrónico.
En dicho estándar se recoge que, en caso de que un país decida emitir certificados electrónicos e incorporarlos en el chip del carné europeo de abogado, las políticas de certificación correspondientes deberán cumplir con las recomendaciones sobre políticas de certificación electrónicas de certificados de abogados establecidas por la CCBE.
Principales características del carnet de abogado europeo
El carnet de abogado europeo facilita el acceso de los abogados, que ejercen fuera de su jurisdicción de origen, a los órganos jurisdiccionales y a las instituciones. Identifica a su propietario en los idiomas oficiales de CCBE como abogado admitido en el país correspondiente.
El nuevo carnet europeo, se presenta impreso en un soporte plástico e incorpora chip electrónico en el cual se introduce un certificado digital de abogado europeo.
El carnet está reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, tanto por el Tribunal de Justicia como por el Tribunal General.
¿Quién puede solicitar el carnet?
Puede solicitar el carnet electrónico de abogado europeo cualquier abogado que tenga la condición de Colegiado Ejerciente en cualquiera de los 83 Colegios de Abogados de España y que tenga nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea.
¿Ventajas del carnet?
- Identificar la condición de abogado en España de manera tanto física como virtualmente.
- Identificar la condición de abogado en otro Estado miembro de la Unión Europea, de manera que pueda acceder a tribunales y prisiones.
- Suscripción automática al boletín semanal “Europa en Breve” con información de interés para los abogados europeos y editado por la Delegación del CGAE en Bruselas.
- Acceso a la base de datos del Boletín “Europa en Breve” con posibilidad de realizar búsquedas personalizadas.
- Acceso directo al directorio de los principales organismos de interés en Europa, así como al Derecho de la Unión, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), y otras instituciones profesionales relacionadas con el ejercicio de la Abogacía en la UE, entre otras.
- Acceso al “e-Colegio” (SIGA) para hacer la solicitud, pago y descarga de certificados “online” para actuaciones en diversas Instituciones europeas.
- Acceso al Campus Virtual, con cursos especializados de normativa europea.
- Acceso a los servicios: Docushare, e-Mensajes, Buromail, RedAbogacia Libros, Backup, Oficina Postal Virtual, BuroSMS.
Fuente: diariojuridico.com
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Escrito el 9, Septiembre a las 11:18 am
Las mayores firmas de abogados se están viendo obligadas a rechazar asesoramientos en concursos por las incompatibilidades de sus clientes. Los despachos medianos son los grandes beneficiados.
Las firmas jurídicas siempre han tenido que ser muy cautelosas para evitar conflictos de interés. A las grandes compañías nunca les ha gustado ver a su bufete, aquél en el que confían para llevar a buen puerto negocios de millones de euros, defendiendo a otras grandes empresas del mismo sector o incluso en la parte contraria en temas distintos.
Para combatir estos problemas, los bufetes han creado equipos que cuentan con los mejores medios para estudiar los asuntos y que crean bases de datos de última generación de sus clientes e, incluso, de la contraparte, como bien reflejaron los expertos que se dieron cita en un foro en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) sobre los conflictos de interés de los despachos.
Sin embargo, cuanto mayor sea un despacho, más problemas de incompatibilidades con clientes se presentan y más aún en los asuntos concursales, ya que en estos procesos hay muchas entidades financieras como acreedores. Las grandes firmas jurídicas se están viendo obligadas a rechazar el asesoramiento de muchos concursos porque siempre se presenta alguna incompatibilidad con alguno de los acreedores, y en estos casos las grandes beneficiadas están siendo las firmas medianas o boutiques.
Los conflictos pueden ser de interés si hay información confidencial, con lo que las barreas son deontológicas o comercial si el riego es la pérdida de un cliente.
José María Segovia, socio presidente de Uría Menéndez, recomienda, en el caso de los concursos de acreedores, que “si un banco solo es acreedor del 90%, no tomar el asunto si genera un conflicto de interés”.
Las dudas surgen cuando esas entidades financieras acreedoras únicamente tienen porcentajes pequeños en la operación. Es en estos casos cuando las firmas, sobre todo las grandes, intentan establecer medidas como las denominadas murallas chinas que permitan no rechazar asesoramientos que les generan ingresos cuantiosos. Pero, como apunta Segovia, “esto se puede hacer siempre cuando se mantenga una exquisita objetividad: con dos equipos distintos dentro del despacho, pero nunca debería hacerse en litigios. No creo posible defender una muralla china en un tema contencioso”.
Por su parte, José Ramón Martínez, socio director de Práctica Profesional de Garrigues, explica que el despacho en los concursos hace “una valoración caso a caso. Y, a veces, aun siendo cliente alguno de ellos en otros temas, esos acreedores no tienen inconveniente en que lo lleves pues prefieren que sea alguien cuya seriedad ya conocen”.
A la larga, creen los abogados, los clientes valoran más la seriedad que los despachos que se apresuran a asesorar en concursos.
En esta línea, Segovia añade que, igual que los bufetes grandes sufren más conflictos de interés, también las empresas grandes son más generosas con el mismo tema. Al cliente pequeño le cuesta mucho. Y en provincias es todavía más complicado”.
Conflicto con auditoras
Otro de los temas tratados en el foro de FIDE fue el eterno conflicto entre los despachos de abogados y las ramas legales de las auditoras. Segovia apuntó: “Siempre hemos dicho que firmas que asesoran en auditoría no deberían ofrecer servicios legales. Es tan simple como que haya dos listas; en una, los que auditen, y en la otra, los demás que no auditen. El balón está en el aire. La batalla la han ido ganando los auditores, con más marca en muchos sitios”.
Para José Ramón Martínez, “es un problema de credibilidad del auditor y será el cliente el que tenga que decidir. En la práctica, es difícil regularlo”. Por su parte Santiago Barrenechea, socio director de PwC Tax & Legal, “lo importante es que los clientes puedan resolver asuntos complejos, con la implicación de diferentes profesiones”.
Por último, los abogados que participaron en el foro también debatieron sobre si hay abogados que animan a sus clientes a pleitear por propio interés. Así, Javier Fernández-Samaniego, socio director de Bird & Bird, explicó que “hay abogados que no están interesados en la solución del pleito sino en seguir hasta el Supremo, ya que piensan más en sus intereses que en los del cliente”.
Y contó que se ha encontrado “casos en los que el cliente quería pactar y el abogado contrario alegaba que no era posible el pacto pero, sin embargo, al hablar directamente con la parte contraria sí se acabó pactando y llegando a una solución extrajudicial”.
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