Solo la crisis logra disminuir la siniestralidad laboral

Escrito el 2, Enero a las 7:21 pm

Cada día fallecen en España dos trabajadores como consecuencia de su trabajo, 15 sufren un accidente grave, 1.587 tienen un accidente leve y 2.135 son víctimas de un siniestro sin baja. Y aunque los datos del Ministerio de Empleo muestran que 2011 cerró de nuevo con un descenso en el número de accidentes, expertos y sindicatos atribuyen esta mejora sobre todo a la crisis y a la disminución en el número de empleados. Las cifras hablan por sí solas. Hasta septiembre pasado (últimos datos globales disponibles) se registraron 1.009.611 accidentes de trabajo, un 4,1% menos que en idéntico periodo de 2010. En el mismo intervalo de tiempo se contabilizaron 515 accidentes mortales, 53 menos que un año antes.

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Felicitación Navideña 2012

Escrito el 22, Diciembre a las 10:50 am

Estimados amigos y compañeros:

Muy afectuosamente, desde aquí, un año más nuestro despacho, os desea que paséis unas Felices fiestas navideñas, en unión y compañía de vuestros familiares y amigos más queridos, y recibáis el año 2012, lleno de esperanzas renovadas y buenas y gratas Sentencias.

Saludos cordiales.

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La batalla dialéctica en los juzgados

Escrito el 15, Diciembre a las 12:28 pm

Albacete acogió ayer un Curso de Oratoria Judicial para jóvenes abogados.

La diferencia entre un abogado bueno y uno excepcional, o entre uno mediocre y uno digno, puede estribar única y exclusivamente en la valía del mismo a la hora de hacer frente a la batalla dialéctica que se produce en los juzgados. Y es que hablar ante un juez y ante los otros abogados no es tarea fácil. Esto es algo que sabe bien Julio García Ramírez, letrado y profesor de Oratoria, Técnicas de Negociación e Interrogatorios en más de 30 colegios de abogados de todo el país. «Yo tardé tres años en dominar las técnicas de comunicación», asegura García Ramírez quien, no obstante, promete buenos resultados en mucho menos tiempos. Algo que ayer ya pudieron comenzar a comprobar los abogados albaceteños que participaron en el curso de Oratoria Jurídica que impartió García Ramírez.

Sentido común.

Organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Albacete con esta actividad formativa se pretendía constituir un primer acercamiento y «abrir los ojos al sentido común». Porque de eso precisamente se trata de actuar conforme al sentido común. Algo no muy habitual. «Aquí enseñamos técnicas de sentido común que no son práctica común. A partir de ahí hay que practicarlas», indica el profesor ante un nutrido grupo de alumnos expectantes.

En este curso, el primero de estas características que se imparte en Albacete, se enseñan las cosas más básicas como, por ejemplo, a perder o al menos a controlar los nervios. García asegura que en este tipo de cursos ofrece una técnica de control de nervios en menos de siete segundos.

Y funciona siempre», matiza indicando que lo que hace es enseñar qué parte del cuerpo «decide que nos pongamos nerviosos, qué ocurre cuando lo hacemos y cómo parar esos síntomas».

Pero, ¿cuáles suelen ser los fallos más habituales? En casi todo, señala el profesor, indicando que el primer error es considerar que uno sabe defenderse por el mero hecho de ser abogado. Y es que la oratoria es algo que, por desgracia, hace muchas décadas ya que no se imparte en ninguna facultad de Derecho del país.

No obstante, nadie pone en duda su importancia. «Hay un dicho en la abogacía que dice que lo importante no es tener razón sino que te la den», apunta. Este letrado también tiene claro que los jueces son «absolutamente influenciables en sala» y que de hecho las sentencias se dictan allí, no después. Eso sí reconoce que ante una prueba plena ni la mejor oratoria del mundo «puede con ello». Pero en caso de duda «ganar la batalla dialéctica sí es fundamental».

Fuente: laverdaddealbacete.es

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Los conflictos laborales en los juzgados se duplican desde el inicio de la crisis

Escrito el 9, Diciembre a las 1:08 pm

Lo que para unos supone la pérdida del empleo, para otros se traduce en un incremento del volumen de trabajo. La crisis no solo ha dejado a un buen número de trabajadores en la provincia de Albacete en el paro, sino que también ha supuesto un aumento considerable de los conflictos laborales que llegan a los juzgados de lo social.

Las demandas laborales resueltas en los juzgados albaceteñas en el primer semestre de este año duplican prácticamente el número de asuntos que se tramitaban por el mismo motivo al inicio de la crisis, es decir en el mismo periodo del ejercicio 2008.
Así entre enero y junio de este año, según los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo, los tribunales de lo social en la provincia resolvieron un total de 1.766 asuntos, mientras que en 2008 la cifra por este mismo motivo era de 969.

A partir de 2009 y especialmente en este último año, el número de demandas laborales tramitadas y resueltas ha alcanzado las mayores cotas en la provincia desde que se inició la crisis.

Motivos.

En cuanto a las causas existentes tras las demandas laborales tramitadas, las estadísticas de Trabajo apuntan que este año los juzgados albaceteños han resuelto un total de 430 asuntos por despido.

En el primer semestre de 2008 las demandas por extinción de la relación laboral que acabaron siendo resueltas en el ámbito judicial se situaron muy por debajo alcanzando solo 199 casos, es decir menos de la mitad que este año. De hecho en todo 2008 los juzgados de la provincia resolvieron 464 casos por despido, es decir prácticamente los mismos que entre enero y junio de este año.

La radiografía que hace el Ministerio de Trabajo acerca de la conflictividad laboral en la provincia no culmina ahí. Así en materia de mediación, arbitraje y conciliación, Trabajo apunta que más de medio millar de trabajadores, en concreto 567, optaron por estas medidas tras ser despedidos.
De esta forma en los ocho primeros meses de 2008 se computaron 567 conciliaciones individuales en materia de despidos en la provincia de Albacete.

Fuente: laverdaddealbacete.es

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El cuerpo de Letrados de las Cortes cumple 200 años

Escrito el 30, Noviembre a las 7:43 pm

El Cuerpo de Letrados de las Cortes, un colectivo de funcionarios por oposición que constituyen una de las élites jurídicas dentro del Estado, celebró ayer un acto conmemorativo de los 200 años de creación del cuerpo y de la secretaría de las Cortes.

José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución y Letrado de las Cortes, fue el ponente que abrió el acto, que estuvo presidido por el presidente de las Cortes, José Bono; su homólogo en el Senado, Javier Rojo; Manuel Alba, letrado mayor y secretario general de las Cortes y Fernando Santaolalla, presidente de la Asociación profesional de Letrados de las Cortes. El eje central fue la presentación del libro “Bicentenario de la Secretaría y del Cuerpo de Letrados de las Cortes 1811-2011”, una obra, editada por el Parlamento, que ha recogido casi 40 trabajos realizados por los letrados y que han analizado desde el punto de vista jurídico diferentes aspectos de la vida parlamentaria española.

Como explicó Pérez-Llorca, “el cuerpo de Letrados ofrece talento, pluralismo de sensibilidades políticas y un extraordinario interés pro la actividad parlamentaria”. En este sentido, precisó que el cuerpo “tiene la suerte de haber nacido en las Cortes de Cádiz” y apuntó algunos de los “retos del presente”. El actual momento que se vive de “proliferación legislativa”, donde existen más de 150.000 normas en vigor, “es malo para la seguridad jurídica y malo para el Derecho”, resumió.

También destacó la labor de “los letrados que trabajaron en la ponencia constitucional”.

Bono elogió al cuerpo de Letrados, del que destacó su “dureza y profesionalidad”. También tuvo palabras de felicitación para Manuel Alba, por su cometido al frente de la secretaría general del Congreso de los Diputados en la última legislatura.

Para Fernando Santaolalla, “la administración parlamentaria sirve de contrapunto porque se ocupa de los aspectos técnicos y permite que los diputados se dediquen a su actividad sin preocuparse por las cuestiones organizativas”.

El acto celebrado ayer contó con la presencia de destacados juristas. Además del propio Pérez-Llorca, estuvieron, entre otros, Claro Fernández Carnicero, vocal del Consejo General del Poder Judicial; José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; y Juan Alfonso Santamaría Pastor, socio de Gómez-Acebo & Pombo y catedrático de Derecho Administrativo.

Fuente: expansion.com

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Antes de lanzar un ‘tuit’, piense en los riesgos legales

Escrito el 22, Noviembre a las 6:21 pm

Un tercio de los usuarios de redes sociales y la mitad de los que usan Twitter, según un estudio, no tiene en cuenta los peligros jurídicos al escribir un comentario en sus perfiles que podría ocasionar desde multas de hasta 600.000 euros a penas de dos años de cárcel.

El auge de Twitter y el significativo aumento en el uso de medios como Facebook y Linkedin han convertido a las redes sociales en una parte dominante e importante de la vida cotidiana. La primavera árabe, los disturbios del verano pasado en ciudades del Reino Unido, el movimiento 15-M en España u otros similares en otros países recuerdan el enorme impacto que estos nuevos medios pueden tener en la sociedad.

El número de personas que ha publicado algún comentario en estas redes sociales ha crecido exponencialmente en los últimos tres años y sólo en Reino Unido ha crecido del 54% al 67%. Sin embargo la mayoría de los internautas que usan los Social Media no son conscientes de los peligros que implica participar en estas redes. Según un estudio efectuado por el bufete DLA Piper en el país británico, dos tercios (63%) de los encuestados afirma tener aún poca o ninguna conciencia de sus derechos y riesgos legales cuando escribe un comentario en redes sociales.

Otro dato preocupante refleja que sólo el 18% afirma que lee los términos y condiciones para publicar comentarios en estas redes, frente al 38% que lo hacía en 2008. Y aunque estos datos son de un estudio efectuado a 2.000 ciudadanos británicos, los resultados podrían ser similares en España.

Por ejemplo, comparativamente y en el caso de Twitter, Reino Unido es el segundo país en uso de la red de microblogging, pero España –en la 9º posición- es el que más creció, un 151%, entre noviembre de 2009 y 2010. Según el estudio de DLA Piper, el 52% de los usuarios de Twitter no tiene en cuenta que sus tuits podrían estar violando alguna ley antes de enviarlo, un porcentaje que sube al 65% entre los jóvenes de entre 18 y 14 años de edad.

Desde hace tiempo se acepta que el comportamiento en la Red difiere del comportamiento que las personas realizan en el mundo real, debido en gran medida, a que el anonimato lo permite. Pero las cosas están cambiando. Por un lado compañías como Facebook o Google + están luchando por que no existan perfiles falsos o bajo seudónimos y que todos los usuarios se registren con su nombre real. Y por otro, las autoridades policiales de muchos países están perfeccionando sus métodos para poder detectar con facilidad a quien vulnera la ley en las redes sociales.

Consecuencias
Pero ¿cuáles son los riesgos legales a los que se enfrentan los usuarios de redes sociales? El primer peligro en cualquier país es que la empresa para la que se trabaja considere que el comentario vertido en una red comprometa a la compañía o no sea una conducta adecuada para un empleado de esa empresa y ésta imponga una sanción leve o incluso una grave como el despido, que un juez podría considerar procedente.

En el caso del Reino Unido, donde se ha realizado el estudio, los comentarios difamatorios incluidos en redes sociales han conllevado cuantiosas multas de muchos miles de libras, y una violación de privacidad podría conllevar dos años de cárcel si así lo dictamina un tribunal británico. Por ejemplo, incitar disturbios callejeros, como los sucedidos el pasado agosto, a través de Facebook podría conllevar prisión.

“En España los riesgos son bastantes similares al Reino Unido”, como afirma Diego Ramos, socio del departamento de Tecnología y Propiedad Intelectual de DLA Piper en la oficina de Madrid. Ramos apunta que “en nuestro país los peligros jurídicos por el mal uso de las redes sociales van desde compensaciones a los afectados por temas contra la protección al honor y a la propia imagen -jurisdicción civil-, a cuantiosas sanciones administrativas impuestas por la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) de hasta 600.000 euros por temas como la usurpación de identidad o a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por delitos contemplados en el Código Penal, máxime tras la reciente reforma”.

En este sentido el artículo 197 del Código Penal español especifica que será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado –donde se incluiría el perfil personal de una red social-. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

La reciente reforma del Código Penal también advierte, como publicó EXPANSIÓN (ver periódico del 24 de diciembre de 2010), que quien difunda noticias o rumores sobre personas o empresas a sabiendas de que los datos económicos son falsos con el fin de alterar el precio de una cotización, será condenado a entre seis meses y dos años de prisión. Por supuesto, también si éstas se producen ante un medio como las redes sociales.

Pero como añade el abogado de DLA también podría considerarse un delito tipificado con penas de prisión para quien “contribuya o fomente desde las redes sociales el suicidio de alguien, conductas como la anorexia o cuando se amenaza a otro usuario”. Precisamente hace unos días, la Policía detuvo en Marbella a un tuitero que amenazó de muerte a la presentadora de televisión Eva Hache. Y es que no todo vale en Internet. Antes de lanzar un tuit, piense en los riesgos legales.

Fuente: expansion.com

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Quieren que el Ayuntamiento apoye la custodia compartida

Escrito el 11, Noviembre a las 7:23 pm

La asociación Albacete Custodia Compartida Ya ha registrado en el Ayuntamiento una moción para que la Corporación municipal inste al Gobierno estatal a modificar el Código Civil para que éste recoja el ejercicio de la guarda y custodia compartida desde el mismo momento en que se presenta ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que puedan producirse.

La intención de Albacete Custodia Compartida Ya es que esta moción sea aprobada en el pleno municipal de este mes de noviembre, aprovechando que este domingo día 13 se celebrará una macromanifestación en Madrid, convocada por la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida, a la que asistirá la asociación albaceteña y en la que quieren exigir una «regulación urgente» de la custodia compartida preferente, por entender que es «el único sistema que vela realmente por la igualdad, la justicia, los derechos del niño y de ambos progenitores por igual». Según Albacete Custodia Compartida Ya, muchas comunidades autónomas ya la han legislado e innumerables ayuntamientos la han apoyadoen sus mociones, como es el caso de la localidad de Cenizate.

Desde la entrada en vigor de la última reforma del divorcio en julio de 2055, el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones matrimoniales ha aumentado más de cinco puntos en el Estado Español, situándose en 2009 en un 40%. Según consta en la moción registrada por Albacete Custodia Compartida Ya, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor, mientras el otro pasa a tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario y sin relevancia alguna, lo que con el tiempo, en la mayoría de los casos, «trae consigo la desaparición de ese referente en la vida del menor».

Fuente: laverdaddealbacete.es

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Las familias en quiebra se disparan un 23,5% en el tercer trimestre

Escrito el 8, Noviembre a las 11:51 am

El número de familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendió a 221 durante el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 23,5% respecto a igual periodo de 2010 y un descenso del 20,2% en relación al segundo trimestre, según datos del INE.

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“El 80% de los conflictos sometidos a mediación elude los tribunales”

Escrito el 7, Noviembre a las 7:36 pm

El consejero delegado del Instituto Español para la Mediación defiende la necesidad de aprobar una ley de mediación.

¿Por qué es necesario aprobar una ley de mediación?

Vivimos en tiempos complejos. Las empresas tienen dificultades económicas y de relación comercial y necesitan buscar los procesos más eficientes que podamos ofrecerles para poder agilizar su actividad. La mediación se ha demostrado como un elemento muy importante a la hora de resolver conflictos, un 70% y un 80% de los casos que se someten a mediación acaban con un acuerdo positivo sin tener que pasar por tribunales. Sin Ley de Mediación es muy difícil que esta herramienta se extienda en el tráfico empresarial y comercial en España.

¿Por qué muchos expertos opinan que no era bueno el proyecto de Ley que se inició en esta legislatura pero que no se aprobó en las Cortes?

Porque hay muchas personas que están analizando la ley desde ángulos muy diferentes. Hay gente que le preocupa que no impacte en los derechos de las autonomías para regular ellos en temas de mediación como pasa en algunas comunidades. No hay un concepto claro de por qué está bien o por qué está mal.

Hay quien no conoce bien el funcionamiento de la mediación y le parece que es muy encorsetado y la verdad que lo único que dice el procedimiento de la mediación es que se hará un acta del comienzo, un acta de finalización y luego, por lo demás, es libre para que decidan las partes. Por eso yo creo que los motivos son más el interés de cada uno en buscar una ley más acorde con lo que están ellos pensando como idóneo. Es un área muy nueva y no se tiene una clara idea de qué se quiere regular.

¿Cree que es correcto que se excluya, como ocurría con el proyecto, expresamente la mediación laboral, penal y en materia de consumo?

En principio para esta fase sí, por dos motivos. La Directiva europea que está impulsando la mediación se centra principalmente en la mediación mercantil-civil trasnacional que es su objetivo. Pero segundo y más importante, porque al ser esto un elemento nuevo si intentamos englobar distintos conceptos parecidos pero que no son iguales, puede salir algo completamente inmanejable. Y no es lo mismo la mediación familiar, que ya está muy regulada por distintas autonomías que la mediación civil, mercantil o social. Intentemos regular esta con un inicio positivo.

¿Cree que en España debería haber más control sobre lo que llega a la Jurisdicción?
No es una cuestión tanto de control como el de facilitar la descarga de los tribunales, por otro suelen ser más ágiles y en el caso de la mediación en particular suele ser más barato y positivo, con lo que gana el sistema judicial y las partes.

¿Ve factible que el plazo máximo para la mediación sea dos meses, con la prórroga de uno más como especificaba el actual proyecto?

La media de tiempo que se tarda en las mediaciones es inferior a 60 días ya que es un proceso muy rápido, por lo que dos meses, o tres, debe ser tiempo de sobra. Además luego las partes podrían volver a negociar en cualquier momento, siempre teniendo en cuenta que la ley establece unos plazos y cuando se abre una mediación se para el procedimiento judicial.

¿Cuenta España con suficientes profesionales preparados para la mediación?
La realidad es que no en mediación civil y mercantil. No existen muchos mediadores con práctica y experiencia porque no se ha desarrollado.

Fuente: expansion.com

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La ley para ser abogado entra en vigor sin definir el examen

Escrito el 2, Noviembre a las 12:28 pm

Tras cinco años de espera, la Ley de Acceso a la Abogacía se puso ayer en marcha con cuestiones pendientes como la prueba piloto y las prácticas, que Caamaño intentará aprobar antes del 20N.

Después de tres ministros de Justicia, varios secretarios de Estado, casi veinte borradores de un polémico reglamento y un sinfín de foros de discusión entre colegios, bufetes, universidades y las dos carteras en liza, ayer por fin y tras cinco años de vacatio legis entró en vigor la Ley de Acceso a la Abogacía.

La norma cambiará el camino que deben tomar los jóvenes estudiantes de Derecho para ser abogados que, a partir de ahora, tendrán que efectuar un máster de acceso obligatorio, que incluye un periodo de prácticas, y superar un examen. “Era una ley necesaria porque España era el único país de la UE que no tenía nada tras la licenciatura para poder ser abogado y con ella se ha contribuido a la mejora de la profesión”, declaró ayer a EXPANSIÓN Juan Fernando López Aguilar, el ministro de Justicia que aprobó la Ley en 2006. “Fue una norma con mucho consenso y se dio una ampliación de cinco años para todos los estudiantes”.

Sin embargo, y según ha constatado este diario, ha pasado un lustro pero la Ley entra en vigor con muchas incertidumbres y preocupaciones para gran parte del sector legal, para los profesionales y para el mundo académico. Faltan algunos aspectos importantes por definir como las pruebas piloto del examen o el desarrollo de las prácticas y si la Agencia de Evaluación de la Calidad y_Acreditación (Aneca) permitirá que se compatibilicen con el periodo lectivo, como piden algunos colectivos, entre ellos los alumnos y las firmas jurídicas.

El equipo del actual ministro de Justicia Francisco Caamaño está trabajando a toda máquina, según ha podido saber este diario, para que algunos aspectos queden disipados antes de las elecciones del 20 de noviembre, y que la ley y el reglamento sean considerados como uno de los últimos logros.

Ahora mismo la pelota la tiene sobre el tejado la Comisión que lidera el Ministerio de Justicia, que ultima con retraso las pruebas piloto que deberá publicar en su web. Algunas fuentes conocedoras del proceso dudan de que dé tiempo a que estén listas antes de los comicios pero sí creen que estarán antes de que tome posesión el nuevo Gobierno. Otros expertos creen que podrían estar antes del 20N, como el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y ex asesor de Caamaño Daniel Entrena, que opina que “se está a tiempo porque lo que hace falta es poner puntales a la prueba y luego el resto son procedimientos”. Entrena añade que “hay cosas que podrían haberse cerrado antes, y sería una irresponsabilidad dejarlo abierto”.

En lo que sí coinciden los expertos es en que el proceso no se puede demorar más y que sería “letal” que quede paralizado por la campaña y los comicios y que deba culminarlo el próximo Gobierno. Colegios y universidades esperan que los máster empiecen en septiembre de 2012. Las universidades se decantan por que dure año y medio y calculan que el examen deberá tener lugar en enero de 2014, calendario que las grandes facultades creen que es el más adecuado para que dé tiempo a impartir el curso y a hacer las prácticas.

Otros sectores creen que es más conveniente que la formación dure un año –incluidas las prácticas–, lo que agilizaría el proceso y el examen se haría en el verano de 2013. Ésta última opción es la que convence a los despachos, que intentan agilizar el proceso y que incluso han planteado costear el acceso, y a los estudiantes, que ven cómo no van a poder ejercer en mucho tiempo. Sin embargo, la Aneca no se ha pronunciado sobre si las prácticas podrán hacerse en el periodo lectivo, y fuentes académicas afirman que “no se deberían hacer prácticas de materias sin impartir”.

Pero lo cierto es que como apunta José Mª de Areilza, decano del IE Law School, “aunque faltan cosas importantes, lo fundamental es que ya estamos en la línea de salida de una ley necesaria”. Las universidades ultiman sus programas como la de Barcelona. “En un mes llevaremos nuestro máster a la Agencia Catalana de Calidad y en septiembre de 2012 estará verificado”, afirma su decano Enoch Albertí. Pero no hay tiempo que perder. El decano de los abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil lo apuntaba la semana en una entrevista con este diario: “El trabajo que queda todavía es mucho para hacer en muy poco tiempo”

Las dificultades de las Escuelas de Práctica Jurídica
Los directores de las Escuelas de Práctica Jurídica dan cuenta de los problemas que sufren para adaptarse al Reglamento de la Ley de Acceso en un tiempo récord. Marcos Vázquez, director escuela práctica jurídica de Orense, apunta que se les exigen requisitos que “en cuatro meses es imposible cumplir: cualquiera de los cursos requiere un convenio entre una universidad y un colegio de abogados. La programación de los contenidos necesita autorización por la Aneca (que tarda entre 9 y 12 meses) y por Justicia (que no tiene baremos para homologar los programas).

Es imposible desarrollar un curso antes de noviembre de 2012”. A su juicio, “habrá tiempos muertos, por lo que se alargará la entrada de los profesionales. Aitzol Asla, de la Escuela de Vizcaya, cree que “habrá diferencias entre la privada y la pública, ya que las universidades privadas están más adelantadas”. Y añade que la situación actual en general es de indefinición, no se sabe cómo será la prueba o las becas, lo que _nos hace trabajar a ciegas”.

La tramitación más larga de la Democracia

La ley: El 30 de octubre de 2006 _se aprobó la Ley de Acceso para igualar la entrada a la profesión de abogado con lo que ya existe en el resto de países de nuestro entorno. Se fijó una vacatio legis hasta noviembre de 2011.

Los reglamentos: En marzo de 2009 se_conoció el primer borrador del Reglamento, según adelantó EXPANSIÓN, que estableció una prueba de 100 preguntas. Con los borradores, que han llegado a 9, surgieron discusiones entre Justicia y Educación. El último entró en el Consejo de Estado en diciembre de 2010.

Consejos de ministros:El Reglamento ya entró en Consejo de Ministros el 4 de febrero. Pero las discrepancias entre Justicia y Educación aconsejaron su revisión, para lo que se creó una Comisión. El Reglamento definitivo salió del Consejo de Ministros el pasado 3 de junio.

Entrada en vigor: La Ley entró en vigor ayer, a la espera de que Justicia publique las pruebas piloto y de que se firmen convenios entre universidades y colegios para las prácticas.

El calendario futuro: El sector duda de que dé tiempo a que las pruebas piloto estén antes de las elecciones pero creen que se presentarán antes de _que tome posesión el nuevo Gobierno. Esperan que_los máster se empiecen _a impartir en septiembre _u octubre de 2012. Las universidades se decantan por que dure año y medio, que el examen sea en enero o febrero de 2014. Estudiantes y despachos prefieren julio _o septiembre de 2013.

El examen
- Los test han bajado de las 100 preguntas que previeron los primeros borradores de Reglamento en 2009 a las 50 actuales que ultima el Ministerio de Justicia.

- En el test se preguntará sobre deontología y regulación profesional, no será una reválida del grado.

- A continuación, sólo se podrá acceder al caso práctico si se ha aprobado _el test. En el citado caso práctico el alumno tendrá _que elegir una de las cuatro Jurisdicciones (Contencioso-Administrativa, Civil,_Social _y Penal).

- Colegios y universidades esperan que el primer examen sea en enero o febrero de 2014. Estudiantes y despachos prefieren julio _o septiembre de 2013.

Fuente: expansion.com

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