El vicio de nulidad es estable, original, permanente y no susceptible de sanación. Afecta, pues, al acto desde su origen, por lo que cuando se declara la nulidad cesan los efectos retroactivamente. La acción de nulidad no tiene un plazo limitado. La sentencia de nulidad es, declarativa y no constitutiva, pues el acto no produjo efectos, y tiene además efectos «erga omnes».
Los actos nulos de pleno derecho son los que enumera el artículo 62 de la LRJPAC:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídicol por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
En cambio, en el caso de las disposiciones administrativas, la nulidad es la regla general: son nulas las que vulneren la CE, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Los actos nulos no pueden convalidarse. Tampoco el consentimiento del afectado puede sanar el acto; la falta de impugnación en plazo del acto nulo no hace a éste inatacable. En el artículo 102 LRJPAC, se establece una auténtica acción de nulidad, ejercitable sin limitación de plazo por el interesado.
Fuente: map.es
En mi municipio, el Alcalde, ha encargado una auditoria a
una empresa auditora privada.
Parece ser que, según la legislación vigente, la Senten-
cia del TSJ de Castilla y León (18/02/1997)y la Resolución de
7/09/2011, de la Comiisón Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, esta auditoria es nula de pleno derecho.
Si fuese así,¿es el Pleno el que, con el informe del
Secretario-Interventor (que hasta ahora no se ha pronunciado),
se ha de pronunciar al efecot?, o hay que recurrir a la via
contencioso- administrativa?.¿O existe otro mecanismo?.
Saludos y gracias.