El Tribunal Supremo propuso la necesidad de disminuir el poder de los notarios al anular 23 artículos del Registro Notarial, entre ellos destacar la anulación del control de la legalidad notarial que otorgaba a los documentos notariales efectos sobre terceros, actividad similares a la que pudiese desempeñar un juez o registrador. El recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles contra el Real Decreto 45/2007 de 19 de enero, ha sido desestimado parcialmente por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El pasado 20 de mayo el fallo de la sentencia anuló, entre otros, los artículos 70 y 71 que permitían la potestad de los notarios para negar la autorización o la intervención notarial cuando se produjese la infracción de una norma legal. Además de estos dos artículos, la sentencia también anuló el artículo 84, que permitía la posibilidad de que los notarios pudiesen consultar el Archivo General de Revocación de Poderes (base de datos donde quedan constatados los poderes de personas físicas o jurídicas que han dejado de tener validez).
Como respuesta a esta sentencia, que declaró nulo el control de legalidad de los notarios y suprimió el acceso de los mismos al Archivo General de Revocación, el Presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, estableció la necesidad de crear medidas internas que permitan reducir el impacto de las consecuencias acarreadas a partir de la imposición de tal sentencia.
Por su parte el Consejo no ha hecho más que aceptar el fallo y estudiar la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional. En concreto la sentencia efectuada el pasado 20 de mayo anuló 23 artículos del Reglamento Notarial, aprobado por el real Decreto 45/2007 que carecía de rango de Ley.
El gobierno una vez hubo conocido el fallo del Tribunal Supremo, se comprometió a impulsar las reformas legales necesarias con el fin de aminorar las deficiencias detectadas.
Fuente: Boletín electrónico cgpe.es
