Publicado por el Jul 19, 2008 en Noticias prensa |

Una plataforma de juristas ha empezado este jueves en Sevilla una recogida de firmas para pedir la modernización de la Justicia y enfocarla hacia el ser humano y a la víctima, todo ello para evitar que se repita el ‘caso Mari Luz’. La abogada Amparo Díaz Ramos, promotora de la iniciativa, ha explicado a los periodistas que piden «más medios para una Administración de Justicia que nació pensada en los problemas patrimoniales y no en los problemas humanos».

Por ello, los promotores creen urgente que «la perspectiva de la víctima se incorpore a nuestro sistema» ya que la legislación existente «es ajena a los principios de la victimología» y por ello abogan por revisar las leyes de enjuiciamiento y la ley de Atención a las Víctimas «para que puedan cumplir objetivos tan importantes como la protección efectiva de las víctimas».

La recogida de firmas continuará durante el verano entre los juzgados sevillanos y culminará en octubre con un acto en la sede del Colegio de Abogados y con la remisión oficial al Gobierno de una petición formal para que la modernización de la Justicia sea una prioridad, ha explicado Amparo Díaz.

Según el manifiesto que han elaborado, las carencias de la Justicia se amplían a las fuerzas de seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Locales, que «son insuficientes y están insuficientemente formadas y organizadas para dar protección efectiva ante el riesgo de reiteración de conductas violentas».

La formación de los profesionales del Derecho, incluidos funcionarios, «es deficitaria a la hora de proteger a la ciudadanía, especialmente en materia de abusos sexuales a menores y violencia psicológica», afirman en otro párrafo.

La administración de Justicia en España «no tiene capacidad suficiente para responder a las necesidades actuales de la ciudadanía, tanto por falta de recursos humanos y materiales como por falta de coordinación entre los diversos ámbitos», sostienen.

Numerosos juzgados no cuentan con entidades colaboradoras formadas por profesionales especializados en psiquiatría, psicología y medicina forense, que puedan de manera inmediata hacer una valoración de peligrosidad, y por ello «con frecuencia los juristas nos vemos abocados a decidir cuestiones que escapan de nuestra formación jurídica, sin el suficiente auxilio por parte de especialistas, sobre todo en lo que refiere a menores», según el manifiesto.

Fuente: estrelladigital