El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete ha decretado la suspensión cautelar de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales. Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha.
Según el auto, la apariencia de buen derecho concurre en los argumentos de los padres recurrentes ´al conocerse por este juzgado la existencia de un número cada vez más elevado de procedimientos que se tramitan en el Estado español, cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución Española´, informó en nota de prensa la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) de Albacete.
El auto prosigue en sus conclusiones finales aceptando la tesis del Ministerio Fiscal favorable a la suspensión cautelar según la cual, en caso de obtener los padres finalmente una sentencia estimatoria, ´la obligatoria asistencia, estudio y evaluación de sus hijos menores a las clases en las que se imparten los contenidos de las asignaturas sobre las que se pretende el ejercicio de la objeción de conciencia, ya se habría producido y los daños que se hubieran podido causar a dichos menores necesariamente habrían de ser calificados como de imposible reparación´.
Según Concapa Albacete, actualmente el movimiento objetor cuenta con 40 sentencias favorables de los tribunales superiores de Andalucía, La Rioja y Aragón, y con más de 70 autos judiciales accediendo a medidas cautelares como las del Juzgado de Albacete, mientras que sólo en Asturias han tenido una sentencia parcialmente desfavorable.
A este respecto, la presidenta de Concapa en Albacete, Caridad Navarro, señaló que este auto judicial es ´otro espaldarazo más´ para los padres objetores, que no inventamos nada ni somos extremistas sino que simplemente somos padres bien informados dispuestos a defender nuestros derechos, los tribunales que nos están apoyando en toda España vienen a confirmar que, al contrario de lo que ocurre en la Unión Europea, la asignatura se enseña algo más que Constitución y Derechos Humanos´.
«EpC» son las siglas con las que este movimiento objetor ha denominado a un grupo de cuatro asignaturas que bajo diversas denominaciones se impartirán en 5º de Primaria, 2º y 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato, ´y que ha supuesto quitar 200 horas de otras asignaturas en uno de los peores sistemas educativos de occidente, según informes internacionales, lo cual demuestra la carga ideológica de este proyecto´, argumentó Navarro.
Asimismo, Navarro manifestó que estas asignaturas han sido ´utilizadas´ por el laicismo, que según sus palabras es ´una corriente de pensamiento tan respetable como cualquier otra pero que también tiene una versión radical´.
«Persigue que los niños rechacen la formación moral de su familia y la sustituyan por una moral que llaman universal, y que no es más que su moral particular, principalmente basada en que la sociedad cambie a Dios por el Estado, acepte interiormente las leyes como si fueran mandamientos, y tenga a los legisladores como pontífices», explicó.
FAMILIAS Y ESTADO
De este modo, Concapa Albacete señaló que el entonces consejero de Educación y Ciencia de la Junta, José Valverde, reflejaba esta pugna entre familias y Estado el pasado 17 de abril en un pleno de las Cortes regionales diciendo que ´el Estado tiene el deber de promover una moral pública basada en unos valores universales que nos afectan a todos y que para nada entran en conflicto con las diversas morales privadas, que deben mantenerse en otra esfera´.
Para Caridad Navarro el hecho de que esta asignatura sea obligatoria y evaluable va contra la Constitución y, aunque muchas editoriales han suavizado los contenidos por razones comerciales, los decretos ´dicen bien claro que nuestros hijos serán evaluados de acuerdo a las opiniones y actitudes que la EpC quiere inculcar al margen de los padres´, apostilló.
´Esto constituye un ataque a su intimidad, así como al derecho a no declarar sobre contenidos de conciencia y al derecho de los padres a tutelar la formación de los hijos recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, algo inaceptable y propio de estados totalitarios´, concluyó.
Finalmente, Concapa aseguró que la Consejería de Educación y Ciencia empezó a contestar este verano a los primeros recursos alegando que los padres no tienen derecho a objeción, razón por la que en agosto se presentaron los primeros contenciosos por una vía judicial rápida ´De Protección de Derechos Fundamentales´, que es donde se ha producido este primer auto de medidas cautelares.
Fuente: castillalamancha.es
