El juzgado de lo Penal número 3 de Albacete ha condenado a un año y dos meses de prisión a un hombre por amenazar con un palo, empujar e insultar a un médico de atención primaria de un centro de salud de Casas Ibáñez, como responsable de un delito de atentado.

Se trata de la primera vez que una sentencia considera en la Región delito de atentado a un funcionario público las amenazas proferidas a un médico, según subrayó el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

La sentencia en cuestión considera probado que sobre la una y media de la tarde del 27 de junio del año 2007, un vecino de la localidad albaceteña, se dirigió al centro médico «enojado por un problema surgido en relación con la tramitación de la baja médica de uno de sus hijos».

El hombre entró en la consulta del médico contratado por el Sescam, «provisto del astil de una azada» y le manifestó al facultativo que «le iba a abrir la cabeza, que iba a volver para matarlo, empujándole y levantando el palo varias veces al tiempo que hacía ademán de golpearle». No obstante, y según se reconoce en la sentencia, el hombre no consiguió golpear con el palo al médico pero sí a la mesa de la consulta. Al mismo tiempo el ahora condenado insultaba al facultativo. Según el magistrado, no consta existencia de enemistad entre las partes, y, de hecho, parece ser que era la primera vez que se veían, pero sí reconoce que existe una actitud intimidatoria en los actos y una uniformidad en el relato de los hechos, con el reconocimiento del imputado, que dan veracidad a la denuncia, por la que se le acusa de un delito de atentado a un funcionario público.

La sentencia, que se basa en el criterio de otras dictadas por juzgados y tribunales de otras regiones, es la primera que se emite en Castilla-La Mancha por atentado contra un médico del servicio regional de salud.

Desde el Sescam recordaron que la consideración de estas amenazas a los médicos como delito es una reivindicación tanto de la Administración como de las organizaciones sindicales y colegios profesionales.

En este sentido, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Albacete, José María Samaniego indicó que ésta fue una petición que en su día se elevó desde la Junta de Comunidades a la Fiscalía para que este tipo de actuaciones fuesen consideradas como un atentado contra la autoridad.

Samaniego reconoció la importancia de esta sentencia que supone el primer paso dado en este sentido en Castilla-La Mancha. No obstante, el representante de la organización colegial albaceteña reconoció que «ningún médico tiene ningún interés de que condenen a otra persona un año o medio año». Y es que, según dijo, lo que verdaderamente les importa es que la agresión no llegue a producirse y que no haya que terminar en los tribunales.

Y; ¿qué hacer para ello? Samaniego apuntó que las claves están en la educación y la vigilancia. En este último punto, el vicepresidente del Colegio de Médicos lamentó que en la provincia, al igual que en el resto de la Región, los centros de salud no cuenten con vigilantes.

Una figura que, según subrayó, se hace especialmente importante en los centros médicos de los pueblos. «La profesión está muy feminizada y es bastante habitual que en una noche sólo haya de guardia una médico y una enfermera», indicó asegurando que hay no pocas situaciones en las que los profesionales sanitarios se ven expuestos a situaciones comprometidas.

Para Samaniego es insuficiente la propuesta existente para colocar cámaras de vigilancia, preservando siempre la intimidad de las personas, en algunas lugares que pudiesen considerarse conflictivos. Samaniego consideró que esta iniciativa sería a todas luces insuficiente.

Por su parte, desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hicieron hincapié en que la Región ha sido pionera en el diseño y aprobación de un plan de prevención y actuación contra las agresiones a los profesionales sanitarios.

Se trata del denominado Plan Perseo, programa éste que incluye entre otras medidas el servicio de asesoría jurídica y representación en juicio a sus trabajadores.

Desde el Sescam afirmaron en este sentido que el apoyo brindado por la Administración regional mediante este programa está sirviendo para conseguir que este tipo de conductas reciban el tratamiento penal que corresponden a su gravedad.

Fuente: laverdad.es