El día de Nochebuena traerá este año un regalo envenenado a los millones de empresas que operan en España y a sus trabajadores. La reforma del Código Penal, que entra en vigor el próximo día 24 de diciembre, introduce multas y penas de prisión de seis meses a cuatro años para el delito de corrupción entre particulares, con lo que cualquiera que conceda o acepte regalos que pretendan comprar voluntades u obtener cualquier beneficio en la compra o venta de mercancías puede incurrir en delito.
Hasta ahora este comportamiento sólo estaba contemplado en el Código Penal para el cohecho clásico de funcionarios en sus dos formas, activo y pasivo. Es decir, si quien recibía el soborno era una autoridad o funcionario público.
La reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, supone la apuesta más decidida del legislador, tras las reformas del año 2003, para dar una respuesta global a conductas graves, como la corrupción en el sector privado.
Penas de prisión
En este sentido, el artículo 286 bis deja claro que “quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, empleados o colaboradores de una empresa un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros será castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación de uno a seis años y multa de hasta el triple del valor del beneficio”.
Además, el artículo añade el requisito de que a esta conducta se sume el incumplimiento de las obligaciones del trabajador en la adquisición de mercancías o contratación de servicios profesionales. Y no sólo estará delinquiendo quien conceda regalos, sino que tendrá las mismas penas quien “reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza”.
Según los expertos jurídicos consultados por EXPANSIÓN, esos beneficios y ventajas se refieren tanto a aquellos que son pecuniarios como a los que no implican una relación monetaria, aunque en la práctica “el 99% de las conductas penadas serán económicas”.
El fiscal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, afirma que “el problema no será ofrecer o recibir un detalle, sino cuando se demuestre que lo que se busca con un regalo que supera lo socialmente aceptable es comprar voluntades para falsear la competencia”.
Uno de los mayores problemas que genera este cambio legislativo es establecer dónde está el límite entre lo que es simplemente un regalo de cortesía, muy propio por ejemplo en estas fechas navideñas, o lo que puede suponer un soborno. Respecto a esto, Abraham Castro, abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, asegura que “es imposible establecer un límite general y en la práctica los jueces tendrán que valorar cada caso concreto bajo el criterio de adecuación social como ya ocurre con el cohecho entre funcionarios antes de tomar una decisión”.
Pero si de algo está convencido Castro es que “en el ámbito privado los jueces van a abrir más la mano que en el sector público, porque el mismo regalo -de una cuantía determinada- si es recibido por un funcionario es intolerable y si lo acepta un empleado de una empresa privada puede considerarse sólo un detalle de cortesía”. Algo que constata el Barómetro Global de la Corrupción 2010, que indica que “una de cada cuatro personas en el mundo ha sobornado alguna vez a un funcionario”.
Así todo, la socia del bufete Baker & McKenzie Mar de Pedraza cree que “es fundamental que todas las empresas establezcan unos códigos internos de buenas conductas donde se especifique la cuantía máxima de los regalos o beneficios económicos que se pueden recibir”. Para esta abogada penalista, “lo ideal, si tu negocio lo permite, es establecer tolerancia cero ante los obsequios de terceros, pero si esto no es posible, un buen límite sería los 100 dólares (75 euros) establecidos en el programa de Corporate Compliance de EEUU”. Muchas grandes empresas españolas como Inditex, Telefónica, NH, ACS, Santander o Endesa, entre otras, no permiten dádivas que alteren el desarrollo de las actividades comerciales y algunas fijan el montante entre 100 y 150 euros (ver EXPANSIÓN del 13 de diciembre).
Política preventiva
El problema de no tener implantados códigos éticos en la empresa es que ésta también puede ser castigada por la vía penal, ya que se aplica en este caso el artículo 31 bis que especifica que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas”. En este sentido la compañía puede ser penada con multas, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, clausura de sus locales, suspensión de sus actividades hasta por cinco años e incluso con su disolución.
Otro de los puntos relevantes es saber cómo se tramitarán las denuncias de estas malas prácticas para que lleguen a los juzgados. Para Alain Casanovas, socio del área Legal de KPMG, “es fundamental que las propias empresas establezcan mecanismos, como un canal de denuncias anónimas, porque si no, será difícil que los empleados vayan a contárselo al presidente”.
La medida será también aplicable a deportistas y árbitros
El mundo del deporte también estará presente en la la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 24 de diciembre (seis meses después de su publicación en el BOE). El mismo artículo 286 bis, en este caso en el apartado 4, también refleja que todo lo dispuesto en relación a la corrupción entre particulares también será aplicable a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva (cualquiera que sea su forma jurídica) así como a deportistas, árbitros o jueces deportivos.
En este sentido serán impuestas penas de prisión de seis meses hasta cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de uno a seis años y multas económicas hasta el triple del beneficio o ventaja para aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional, como ofrecer o recibir sobornos.
Fuente: expansion.com
