Publicado por el Feb 24, 2011 en General, Leyes modificaciones, Noticias prensa |

El Gobierno quiere reducir las barreras de entrada a determinadas actividades profesionales y las obligaciones de colegiación en múltiples disciplinas porque está convencido de que la regulación actual «genera distorsiones» y lastra la dinamización. Solo dos sectores se librarán de la corriente liberalizadora, el sanitario y jurídico, para cuyos profesionales se mantendrá la colegiación obligatoria con carácter general. Al menos esto se desprende de un documento con el que trabaja el Ministerio de Economía previo al anteproyecto de ley de servicios profesionales y al que ha tenido acceso CincoDías.

Según esta fuente, las obligaciones de colegiación se circunscribirán exclusivamente a estos dos ámbitos y en el resto pasará a ser a voluntad del profesional. Además, con carácter general, será voluntario también pertenecer al colegio a los trabajadores en exclusiva para el sector público.

Médicos y abogados están presionando al Ministerio de Economía para que les tenga más en cuenta como interlocutores en la elaboración de la nueva regulación y para mantener la colegiación obligatoria en sus disciplinas como garante de las buenas prácticas de los profesionales. Fuentes jurídicas han explicado que el Gobierno ha incumplido los plazos previstos para sacar adelante esta ley y dudan de que esto pueda suceder en la presente legislatura.

El Gobierno pretende reducir también con la ley de servicios profesionales «reducir significativamente» las profesiones que tienen reservas de actividad, es decir, que solo quien posee una determinada cualificación puede prestar determinados servicios. Hasta el momento, se han identificado 192 profesiones con restricciones a la actividad, que con la nueva ley quedarían reducidas a medio centenar.

En las profesiones sanitarias se mantendría la actual disposición en cuanto a reservas, «sin perjuicio de algunos ajustes concretos», según el documento. También puede haber retoques en las profesiones jurídicas, pero en este sector no se sabe a ciencia cierta qué planes tiene el Ministerio de Economía. En el mundo de la abogacía defienden que la labor que realizan los abogados exige una formación específica.

En el caso de las profesiones técnicas, todo apunta a cambios importantes en el cuadro de las ingenierías. Economía cree que la existencia en España de 17 ramas de ingeniería con reservas de actividad (minas, industriales, etc.) «son una anomalía en el contexto europeo». La propuesta que se plantea es que cualquier ingeniero «tendrá reconocidas facultades para realizar cuantas funciones le atribuya la normativa vigente de cualquier rama» de esta profesión.

En el caso de los ingenieros, el documento considera que la falta de flexibilidad del modelo actual «segmenta artificialmente el mercado y frena la capacidad de atender las necesidades de la economía». Además, esta regulación da pie a una «gran conflictividad» entre las corporaciones colegiales y llega incluso a paralizar proyectos.

Fuentes consultadas dudan de que la eliminación de las reservas de actividad y voluntariedad de la colegiación sean una fuente apreciable de puestos de trabajo.

No obstante, se mantendrán las reservas de actividad en las profesiones relacionadas con la seguridad y las derivadas de normativa nacional o internacional, especialmente en lo que se refiere al ámbito del transporte.

El Gobierno confía en que la ley de servicios profesionales tendrá efectos liberalizadores sobre un 30% de los licenciados. Se busca superar las exigencias de titulaciones corporativas en cada una de las profesiones, dijo el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui.

Fuente: cincodías.com