Publicado por el Ene 2, 2012 en Colegio de Procuradores de Albacete, General, Juzgados y Tribunales, Leyes modificaciones, Noticias prensa, Procuradores | 1 comentario

El 2011 pasará a la historia de la Abogacía española como el año en que entró en vigor la polémica Ley de Acceso a la profesión de abogado y procurador, que obliga a partir de ahora a los graduados en Derecho a hacer un máster, unas prácticas y un examen para poder ejercer.

Dicen los expertos del sector legal que hacía falta un acceso a la Abogacía, que no era viable que un joven recién salido de la Universidad pudiera, previa colegiación, presentarse en un juzgado a defender una causa, incluso en el Tribunal Supremo. España era el único país de la Unión Europea que no tenía nada tras la licenciatura para poder ser abogado. Y en octubre de 2006 se aprobó la Ley sobre el acceso las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Como hace unos meses reconocía a EXPANSIÓN el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, “fue una norma con mucho consenso y se dio una ampliación de cinco años para todos los estudiantes”.

Hasta aquí la teoría, pero en la práctica nada ha sido tan sencillo. Y no lo ha sido porque si con la Ley hubo un consenso bastante amplio, no ha sido así con el reglamento que tenía que desarrollarla. Como la norma tenía la vacatio legis (periodo entre la publicación de una norma hasta que entra en vigor) más larga de la democracia, con cinco años, las cosas se hicieron muy lentamente. Demasiado. Lo puso en marcha el equipo del ministro Bermejo y ante su inesperada dimisión lo prosiguió los asesores de Caamaño.

El 17 de marzo de 2009 EXPANSIÓN publicó el primer borrador del reglamento que especificaba, entre otras muchas cosas, que había que superar un examen tipo test de 100 preguntas (que finalmente se ha reducido a 50). Desde entonces, ha habido un sinfín de reuniones entre los ministerios de Justicia y Educación y los colegios de abogados, universidades, despachos… Nadie parecía sentirse satisfecho con lo establecido en el borrador. Y empezaron las presiones.

Más de veinte borradores.
En los dos años siguientes, el reglamento se atascó en una veintena de borradores, de los que al menos una decena se filtraron a distintos estamentos, incluidos los medios de comunicación. Cada versión cambiaba algo, modificaba un punto, añadía o eliminaba una reivindicación. Y el tiempo jugaba en contra, hasta que llegó 2011, el año en que entraba en vigor la Ley, sin un reglamento aprobado.

Al tiempo, los estudiantes de la licenciatura de Derecho se pusieron en pie de guerra en lo que consideraban una injusticia porque les obligaba a hacer el máster si acababan sus estudios más allá de noviembre de 2011. Se han movilizado e intentado presentar en el Congreso una iniciativa legislativa popular para que se ampliara la vacatio legis, al menos para los estudiantes de la licenciatura. No han tenido éxito.

Para dificultar aún más las cosas, en febrero de 2011, un dictamen del Consejo de Estado (órgano consultivo del Gobierno pero no vinculante) criticaba varias soluciones que ofrecía el reglamento, como que se dejara fuera de la expedición del título de abogados al Ministerio de Educación, que pudieran ser abogados titulados diferentes a Derecho o que las prácticas externas puedan llevarse a cabo en el periodo formativo.

Por fin el viernes 3 de junio de 2011 se aprobó en Consejo de Ministros el ansiado y demorado reglamento de la Ley de Acceso de la Abogacía, tan sólo cinco meses antes de la entrada en vigor de una norma que ha estado cinco años a la espera. Durante el verano, y sobre todo durante el otoño, las universidades y escuelas de práctica jurídica han forzado las máquinas para establecer acuerdos y desarrollar programas formativos acordes a la nueva Ley, aún sin tener claro si la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) permitirá incluir las prácticas dentro del año académico.

Pruebas piloto.
El pasado 31 de octubre la Ley entró en vigor con algunas cuestiones pendientes como las pruebas piloto y las prácticas. El equipo del ministro Caamaño, ya sin algunos de sus miembros que habían abandonado el barco con anterioridad, ha apurado el tiempo al máximo para poder irse con las pruebas tipo test publicadas y que la ley y el reglamento sean considerados como uno de sus últimos logros. La semana pasada, la misma en que Rajoy era investido presidente y Gallardón era nombrado nuevo ministro de Justicia, la web del Ministerio publicaba las pruebas piloto.

Serán finalmente 50 preguntas con un tiempo de una hora y media, seguido de un descanso de una hora y, finalmente, un caso práctico a responder en cuatro horas. 25 de las cuestiones serán sobre aspectos como la deontología profesional, las responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional o el funcionamiento de la justicia gratuita. Las otras 25 preguntas serán más técnicas, con el fin de evaluar la capacidad para aplicar conocimientos jurídicos básicos para el ejercicio de la abogacía y la procura.

Mejores abogados.
Quizás es pronto para saber si las preguntas son las adecuadas, si el examen tiene el formato correcto o si los programas que están ultimando escuelas de práctica y universidades cumplirán con las expectativas. El objetivo está claro: garantizar a los ciudadanos que el abogado que va a defender sus derechos ha pasado por un proceso formativo y por un examen que acreditan sus conocimientos teóricos y, especialmente, prácticos imprescindibles. ¿Se conseguirá? El tiempo lo dirá. Lo único cierto es que 2011 marcará un antes y un después para los futuros abogados. El acceso a la profesión ya nunca será igual.

Fuente: expansion.com