El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de tasas judiciales, que tiene como objeto «ajustar lo que pagan por los litigantes a los costes del servicio», de forma que con los ingresos se mantenga y refuerce el derecho a la justicia gratuita que prestan los abogados de oficio.
Así lo acaba de anunciar la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien especificó que este aumento de las tasas afectará a las jurisdicciones de lo Civil, lo Contencioso- Administrativo y la segunda instancia de lo Social. Esta actualización de las tarifas judiciales «pone el acento en la segunda instancia» para evitar la excesiva judicialización, cuando ya se tiene una sentencia en la mano.
Fuente: cincodias.com
