Avantius, Adriano, Cicerone, Atlante, Themis… y así hasta ocho plataformas informáticas conviven en el sistema judicial español sin interoperabilidad, es decir, cada comunidad tiene su propio lenguaje. Esta disparidad de aplicaciones sin sincronizar impide, por ejemplo, que un juez de guardia en una localidad catalana al que le llega un detenido pueda saber a través de su plataforma tecnológica, Themis, si esta persona está buscada en otra comunidad autónoma. El juez tiene que tomar una decisión en pocas horas, para lo que necesita consultar en los registros policiales. Al final termina conociendo la situación exacta del reo, pero después de saltar varias barreras burocráticas.

Esta incompatibilidad de sistemas es con la que pretende acabar el Ministerio de Justicia actual, después de que ya lo intentara sin éxito el anterior ministro, Francisco Caamaño, que el 10 de diciembre de 2009 lanzó el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (Ejis). A tenor del testimonio que reportan los abogados que pisan a diario los juzgados, la sincronización de los sistemas es imprescindible ya. «Es fundamental, estamos a años de retraso en esto. No podemos mantener la situación de la justicia como está», explica Pedro Luis Huguet, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía. Se trata, en definitiva, de que los 3.850 juzgados y tribunales hablen el mismo idioma.

Prioridad del nuevo equipo.

Una de las prioridades que se ha marcado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es lograr la interoperabilidad «en un tiempo razonable». Las competencias en justicia no están transferidas a todas las autonomías, ya que hay cinco en las que las ejerce el propio Ministerio, aunque Huguet niega que la incompatibilidad tecnológica sea consecuencia del Estado autonómico ni un problema de falta de inversión. «Hasta ahora no se ha tenido claro el esquema de justicia que tenemos», explica. El Gobierno quiere someter a todas las nuevas inversiones en tecnología que hagan las administraciones a un test de compatibilidad con el resto y obligarles a que sincronicen las ya existentes.

La falta de sincronización de las plataformas genera una casuística diaria en los juzgados. Los abogados explican que si el juez quiere enviar a prisión a un cliente hasta que se celebre el juicio no puede conocer en el acto cuántos procedimientos judiciales tiene abiertos el acusado y esta es una información básica para sustentar su decisión. El ámbito mercantil es uno de los que más se puede beneficiar de la unificación tecnológica, sobre todo en la publicidad de las actuaciones entre los miles de acreedores dispersos por toda España en un concurso de grandes proporciones. Según explica Huguet, un abogado que demanda a una compañía no tiene posibilidad de saber si está en concurso de acreedores o no, una falta de información que se corregiría si todas las plataformas territoriales trabajaran de forma accesible entre ellas.

El 4 de mayo se firmó entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia un acuerdo de colaboración para favorecer la interoperabilidad. Se pretende hacer compatibles los entornos tecnológicos que ya existen para que no se desaprovechen las inversiones que han hecho las comunidades autónomas y «evitar llevar a cabo desarrollos informáticos duplicados o innecesarios». Pero lo cierto es que las comunidades siguen tomando iniciativas. Cataluña ha comenzado a aplicar la aplicación E-justicia.cat, un nuevo sistema informático que arrancó el lunes pasado en un juzgado de Barcelona y se pretende extender a toda la comunidad. El objetivo es abandonar el papel y que todos los procedimientos sean electrónicos.

La disposición de las comunidades a sincronizarse tecnológicamente fue mostrada el lunes pasado en la primera conferencia sectorial de Justicia que se celebró el lunes pasado. Este paso ayudará a agilizar las decisiones que se toman en toda la cadena procesal y reducir los tiempos de demora en la resolución de los expedientes, según los expertos. Gallardón no dio plazos para la integración. «Rápido no va a ser», concluye Pedro Luis Huguet.