Una de las medidas más polémicas de la reforma laboral fue la eliminación de la exigencia de autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Si bien el PP aceptó ayer en el Congreso una enmienda que modifica este punto al recuperar la presencia de esta autoridad laboral administrativa (que será el Ministerio de Empleo y las consejerías de Trabajo autonómicas), con el fin de que los despidos colectivos sigan pactándose entre empresa y sindicatos.
La ley mantendrá la posibilidad de que la autoridad laboral haga advertencias y recomendaciones a las partes que negocian un ERE durante el periodo de consultas. Pero la modificación aprobada ayer añade que a petición de la empresa y los sindicatos, la Administración, podrá mediar para lograr un acuerdo. Y, «con la misma finalidad también podrán realizar funciones de asistencia (asesoramiento) a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativa». Esto último era interpretado ayer por representantes sindicales como una «maniobra de presión a favor de las empresas».
Fuentes de Empleo aseguraron que esta medida pretende aumentar el grado de acuerdo en los ERE, que ahora es ya del 85% de los casos, «un porcentaje similar al que existía cuando se exigía autorización administrativa, añaden estas fuentes. Las partes también podrán encargar a los servicios de intermediación y arbitraje pactados que medien en estas negociaciones.
En otra enmienda, el PP introdujo una limitación en los recursos individuales a los tribunales de los ERE por parte de los trabajadores despedidos. Así, en el caso de que los sindicatos no denuncien colectivamente los despidos que adopte la empresa en el plazo de 20 días, el empresario tendrá otros 20 días para «interponer una demanda con la finalidad de que los despidos se declaren ajustados a derecho». Si esto se consigue, la sentencia que dé el visto bueno al ERE servirá también para limitar todos los recursos individuales que se presenten posteriormente. Con ello, Empleo ha querido impedir «alguna estrategia sindical que pretendía sustituir las demandas colectivas en los ERE por multitud de demandas individuales para colapsar los juzgados», explican fuentes de este Departamento.
Nuevas causas económicas.
Las enmiendas aprobadas también dan una nueva redacción a las causas económicas para los despidos objetivos. A partir de ahora, concurrirán causas económicas cuando exista disminución del nivel de ingresos o ventas «ordinarios», durante tres meses consecutivos si se compara cada uno de estos trimestres por separado con el mismo del año anterior. Antes bastaba con que dicha disminución fuera durante tres trimestres consecutivos. Con este cambio se facilita que se acojan sectores como la hostelería (que no suelen tener nunca tres trimestres seguidos de caídas consecutivas). También, dificulta más el maquillaje contable por parte de las empresas, según Empleo.
El Ejecutivo también aprovechó estos cambios para establecer que el nuevo contrato de emprendedores (con un periodo de prueba de un año en el que el despido es gratuito) desaparecerá cuando la tasa de paro baje del 15%, por ser un contrato «de crisis», dicen fuentes cercanas al Gobierno.
Fuente: cincodias.com
