El Ayuntamiento de Lleida firmó un convenio con el Colegio de Procuradores por el cual a partir de ahora estos profesionales informarán al consistorio de los casos de ejecuciones hipotecarias en los que haya familias desamparadas con el fin de poder ofrecerles ayuda a través de los servicios sociales.
Tal y como explicó en rueda de prensa el decano del colegio de los procuradores leridanos, Damià Cucurull, estos profesionales conocen de primera mano y con antelación los procesos judiciales en los que se va a producir un desahucio, ya sea por impago de la hipoteca o del alquiler, por lo que podrán poner en conocimiento del Ayuntamiento estos casos en una fase avanzada del proceso, cuando aún hay margen para actuar.
«Como mediadores entre bancos y juzgados tenemos pleno conocimiento de los casos de desahucio. Cuando veamos a personas desamparadas, siempre que nos den su autorización, avisaremos a los servicios sociales para que se puedan hacerse cargo del caso e intentar ayudar a esas familias», explicó Cucurull.
El Ayuntamiento, por su parte, una vez tenga conocimiento de esos desahucios, ayudará a los afectados mediando y negociando ante los bancos junto a ellos con el fin de intentar evitar el desahucio.
«Nuestra objetivo primero siempre es que ese propietario o ese arrendatario se puedan quedar en la vivienda, adaptando la cuota de la hipoteca o la mensualidad del alquiler por ejemplo, y si es necesario aportando una contribución por parte de la Paeria. En caso inevitable de pérdida de la casa, le ayudaremos a buscar una vivienda de alquiler social», señaló Ros.
El alcalde apuntó en este sentido que el consistorio ha destinado en los presupuestos del 2013 una partida de 400.000 euros al pago de alquileres para ayudar a este tipo de familias.
Ros explicó asimismo que el consistorio ya se ha puesto en contacto con las entidades bancarias que operan en la ciudad con el fin de avisarles de que, si los afectados así lo autorizan, acompañarán a las personas afectadas por un desahucio a las negociaciones con el banco, al que pedirán flexibilidad. Asimismo, les han pedido que aporten el stock de viviendas vacías que tienen a la bolsa de alquiler social.
Por último, Ros explicó que la oficina municipal de atención a personas con problemas para el pago de la hipoteca o el alquiler que se puso en marcha en enero está atendiendo en la actualidad 76 casos.
Fuente: finanzas.com
