El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, considera urgente «paliar el efecto muy grave» que están teniendo las tasas judiciales sobre los ciudadanos y los tribunales.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha remitido una carta al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, pidiendo que «se agilice, en lo posible, la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales».
El objetivo de esta carta es que se solucione cuanto antes un problema que, según el presidente del CGAE, tiene un efecto muy grave para los ciudadanos, que no pueden acceder al derecho a la tutela judicial efectiva, explica Carnicer.
Hay que tener en cuenta que el TC acaba de admitir a trámite los recursos interpuestos por el Gobierno de Canarias y la Diputación General de Aragón contra la normativa que regula determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia. Y éstos se suman a los ya presentados por otras comunidades como la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista, igualmente admitidos a trámite.
Según explica una nota del CGAE, Carnicer ha explicado en la misiva que todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad se fundamentan en que las tasas judiciales pueden estar «condicionando el acceso de los ciudadanos a la Justicia».
En el ámbito judicial, el CGAE añade además que tanto los juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional también han planteado cuestiones de inconstitucionalidad.
Oposición también política.
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares también se ha unido a la batalla en contra de las tasas y ha alertado de que el Estado recaudará 360 millones de euros como consecuencia de este canon y sólo destinará a justicia gratuita 35 millones, algo «escandaloso» a su entender y que, según el diputado, «sólo han servido para dificultar el acceso a la justicia de la ciudadanía».
«Las Comunidades Autónomas, y no sólo los grupos parlamentarios, tenemos que pedir cuentas al Gobierno», afirma el parlamentario ya que, dijo, las competencias sobre justicia gratuita penden directamente de estas administraciones.
Fuente: expansión.com
