Golpe judicial a los inquilinos morosos. Un segundo retraso en el pago del arrendamiento después de que el alquilado ya haya sido demandado justifica el desahucio, siempre que el contrato de arrendamiento estipule el plazo máximo de pago, según una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a la que ha tenido acceso Efe. Esta decisión sienta jurisprudencia y podría abrir las puertas de miles de desalojos forzosos.
Así lo ha decidido el Alto Tribunal tras desestimar un recurso de casación en el que se planteaba si procedía o no el desahucio en un caso de falta de pago de rentas cuando el demandado haya abonado la cuenta debida con unos días de retraso y antes de haber sido citado para la vista del juicio.
El Tribunal Supremo establece que, en los casos de demanda previa por impago, el inquilino ya no podrá gozar de la posibilidad de «enervar la acción de desahucio». Según éste, el mero retraso en el pago se entenderá como «incumplimiento pleno de sus obligaciones» y no podrá evitar el desahucio.
La sentencia de apelación, en cambio, estimó esa demanda y falló a favor de la formalización del desahucio, basándose en que el contrato entre el propietario de la vivienda y la demandada exigía el pago anticipado de las rentas mensuales y fijaba un plazo máximo de ocho días de retraso para llevar a cabo el desalojo.
De este modo, al haberse producido una demora de dos semanas en la renta correspondiente al mes de marzo de 2002 y al ser este retraso posterior a una acción de desahucio precedente, no suponía una demora sino un incumplimiento de la obligación de pago de la renta, por lo que no había abuso de derecho en el ejercicio de la acción del demandante.