Ana Isabel Naranjo Torres

A partir del jueves, todas las personas que conduzcan un vehículo sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducir estarán cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico y podrán ir a la cárcel.

Coincidiendo con el inicio del Puente del 1º de mayo, entra en vigor el artículo 384 del nuevo Código Penal en materia de seguridad vial. Dicho artículo castiga a los conductores sin carné con una pena de prisión de tres a seis meses o una multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Estas mismas penas serán aplicadas a aquellas personas que sigan conduciendo tras haber sido privadas cautelar o definitivamente del carné por decisión judicial o a las que hayan perdido los 12 puntos del permiso de conducir.

Aunque la reforma del Código Penal entró en vigor el pasado 2 de diciembre de 2007, se introdujo una modificación en el Senado por la que se concedía una moratoria hasta el 1 de mayo de 2008 para los conductores sin carné.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), más de 25.000 conductores fueron sancionados durante 2007 por conducir sin disponer de ningún permiso. Se calcula que unas 30.000 personas conducen en España sin carné.

Para estos conductores que fueron denunciados durante 2007, la DGT puso en marcha en el mes de marzo una campaña informativa, mediante el envío de cartas, con el objetivo de advertirles de la inminente entrada en vigor de la reciente modificación del Código Penal.

Con esta campaña se pretendía informar con antelación a los infractores para que pudieran realizar los trámites necesarios para obtener el correspondiente permiso, desde el convencimiento de que en la mayoría de los casos son personas que conducen en situación irregular de forma habitual.

La DGT advierte a los conductores sin carné de que esta situación, en caso de verse involucrados en un accidente, repercute negativamente en el resto de usuarios porque la compañía aseguradora podría no hacerse cargo de los daños ocasionados, aunque el vehículo sí tenga póliza de seguro concertada.

Los artículos 379 y siguientes del Código Penal establecen penas de cárcel para los siguientes delitos: exceder en 60 km/h el límite de velocidad permitida en zonas urbanas y en 80 km/h en carretera, superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire y los 1,2 gramos por litro de sangre, la negativa a someterse a un control de alcoholemia y conducir sin carné.

Fuente: el mundo.es

Son los profesionales designados por los Colegios respectivos para la defensa y representación de los intereses de la persona que haya solicitado tales nombramientos o se niegue en su caso a nombrarlos habiendo sido emplazada al efecto. Se designan entre los que se encuentren en el Turno de Oficio establecido por los Colegios de Abogados y Procuradores. No debe confundirse el Turno de Oficio con el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que la designación de Abogado/Procurador de Oficio sólo supone la exención del pago de honorarios profesionales cuando la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita haya reconocido este derecho.

Fuente: e-subastas.net

Los próximos días 25, 26 y 27 de abril de 2008 tendrá lugar en el Auditorio del Palacio de CongresosYacimientos de Atapuerca de Burgos la celebración de las V Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno.

La inauguración de las Jornadas estará presidida por el Excmo. Sr. D. Fernando Santamaría Alcalde, Decano del Iltre. Colegio de Procuradores de Burgos; Excmo. Sr. D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Presidente del Consejo General de Procuradores de España; un Vocal del Consejo General del Poder Judicial; Excmo. Sr. D. Julio Pérez Hernández, Secretario de Estado de Justicia; Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León; Excmo. Sr. D. Juan Carlos Aparicio, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Burgos
 

En la primera Mesa Redonda se tratarán las siguientes cuestiones:
-  La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
-  Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
-  Reglamento de la Ley de Acceso a la Profesión.

Tras esta primera Mesa Redonda Dña. María Jesús Ariza Colmenarejo, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, impartirá una Conferencia que sigue su propio informe “Incompatibilidad de las profesiones de abogado y Procurador de los Tribunales”.

 
Este primer día 25 de abril finalizará con la recepción y cóctel ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos en el Teatro Principal.El día 26 de abril comenzará con la Conferencia de Dña. Sara González Sánchez, abogada y autora del libro “El Procurador de los Tribunales Español ante el reto Tecnológico”.

La segunda Mesa Redonda viene presidida por las siguientes cuestiones:
-Experiencias y expansión de Lexnet.

-  Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
-  Ley de Sociedades Profesionales.
-  Ley de Protección de Datos.

Las Jornadas quedarán clausuradas con una Cena Gala en la noche del sábado y una visita guiada a los Yacimientos de Atapuerca el domingo.

Fuente: Boletín electrónico del Consejo General de Procuradores de España

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a cuatro nuevos magistrados para cubrir vacantes en la sala de lo Contencioso-Administrativo y de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) y a los presidentes de las Audiencias de Cantabria, Las Palmas de Gran Canaria y La Rioja.

Para la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha sido nombrado Joaquín Huelín Martínez de Velasco y Pilar Teso Gamella, quienes han obtenido los 13 votos necesarios para poder ser elegidos, según ha informado en un comunicado el CGPJ.

El pleno ha nombrado como nuevos magistrados de la sala quinta o de lo Militar del Supremo a Francisco Menchén Herreros (con 14 votos) y Fernando Pignatelli Meca (con 15 votos), ambos pertenecientes al cuerpo jurídico militar.

Además, el magistrado José Luis López del Moral Echeverría ha sido nombrado presidente de la Audiencia de Cantabria, al haber obtenido nueve votos; la magistrada Pilar Parejo Pablos presidenta de la de Las Palmas de Gran Canaria (diez votos); y el magistrado Alfonso Santisteban Ruiz ha sido elegido presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja al haber obtenido nueve votos.

Por su parte, el magistrado Gabriel Fiol Gomila ha sido nombrado presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (14 votos); y el magistrado Ángel Acevedo Campos, con 12 votos, presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Canarias, con sede en santa Cruz de Tenerife.

También ha sido nombrado el abogado Ignacio Martínez Lasierra para ocupar la plaza de magistrado de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por el turno de juristas de reconocida competencia, al haber obtenido nueve votos.

Fuente: elmundo.es

Según el artículo 63 de la LRJPAC son anulables, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

La anulabilidad debe considerarse una técnica configurada en beneficio del administrado por el acto viciado, al que se reconoce la posibilidad de reaccionar contra los actos, solicitando se declare su invalidez. Si no reacciona mediante la impugnación en plazo del acto, éste se entiende purgado en aras de la seguridad jurídica.

El plazo para interponer recurso administrativo en este caso es muy breve si se compara con lo que ocurre en el ámbito jurídico privado: un mes frente a actos expresos y tres si son presuntos, transcurrido el cual el acto deviene consentido y firme. Es un plazo, además, de caducidad y no de prescripción. La sentencia de anulabilidad es constitutiva y produce efectos solo desde que aquélla se dicta.

Por otra parte, el artículo 63 continúa señalando que:

- El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fín o dé lugar a la indefensión de los interesados.

- La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Se trata en ambos casos de actos irregulares a los que el ordenamiento concede, sin embargo, validez. Se habla en ocasiones, en éste sentido, de Irregularidades no invalidantes, como categoría específica de vicios de los actos administrativos.

Fuente: map.es

Si bien la presencia del abogado y del procurador, no es legalmente obligatoria en la tramitación de los procesos laborales o sociales, la del abogado sí es imprescindible para defender los intereses de las partes con las mínimas garantías, dada la complejidad de la materia y la relevancia de los intereses que se ventilan en estos procedimientos.

Fuente: iabogado.com

Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda (DESCARGAR MODELO 696) y procederá a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo.

El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el secretario judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión fuese subsanada en un plazo de días.

La gestión del tributo requiere la colaboración de los órganos judiciales, éstos son una pieza clave en el esquema de exacción y comprobación la tasa. Existen diferentes preceptos, en la Ley General Tributaria, que fundamentan este deber jurídico. Así, el artículo 111.1 de dicha Ley establece la obligación, para todas las personas y entidades públicas o privadas, de proporcionar a la Administración Tributaria, toda clase de datos e informaciones que sean de trascendencia tributaria.

Igualmente, el artículo 112.1 dispone que todas las autoridades, de cualquier naturaleza, y quiénes en general ejerzan funciones públicas, están obligados a facilitar a la Administración Tributaria cuantos datos o antecedentes recabe ésta, mediante requerimientos concretos o por disposiciones de carácter general, prestando a la misma cuanto apoyo, concurso, auxilio y protección sean precisos. Tales autoridades participarán en la exacción y gestión de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

La base imponible coincide con la cuantía del procedimiento judicial, determinada con arreglo a las normas procesales.

Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.

En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos que se reclamen distintas prestaciones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, la base imponible de la tasa estará integrada por la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o a las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las prestaciones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en lo expuesto en el párrafo anterior.